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CCOO exige al Ministro de Justicia una respuesta rápida y contundente de
abandono absoluto del proyecto de reforma integral de los registros y
le insta a consensuar una modificación de la Ley de Registro Civil
20/2011 para que éste permanezca como un servicio público de la
Administración de Justicia y prestado por personal de la Administración
de Justicia.
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