Reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Se
pretende que los procuradores puedan realizar los actos de
comunicación y los de ejecución
Esto
supone una nueva privatización de la Administración de Justicia y ,
por otro lado, implica que afectará a los trabajadores de los
servicios comunes y, por tanto, a todos los trabajadores de la
Administración de Justicia.
Reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se
pretende que sean los Fiscales quienes dirijan la instrucción penal.
Esto
implicará, como mínimo, una enorme reordenación de efectivos,
traslandando a los trabajadores de los Juzgados de Instrucción o
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción a la Fiscalia o amortizando
puestos de trabajo.
