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martes, 7 de mayo de 2013

CCOO ante las Reformas judiciales del Plan del Gobierno

Hoy, 7 de mayo, Gallardón presentará estas gravísimas reformas en el Congreso de los Diputados que atacan el centro de gravedad de la Administración de Justicia como servicio público universal y gratuito que debe garantizar los derechos y libertades, convirtiéndola en un instrumento al servicio de los poderosos contra el conjunto de la ciudadanía.


CCOO acusa a Gallardón del desmantelamiento de la Administración de Justicia con la desaparición de los Partidos Judiciales, de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de Paz, con la encomienda de los actos de comunicación y ejecución a los Procuradores y con la adjudicación de la instrucción de los asuntos penales a las Fiscalías, porque deja de ser una ocurrencia de la comisión de expertos y pasa a formar parte de los proyectos del gobierno para 2013.

EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS QUE EL GOBIERNO DEL PP HA REMITIDO LA PASADA SEMANA A LA UNIÓN EUROPEA CONTEMPLA, PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO, LA ELABORACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

ADEMÁS, TAL Y COMO CCOO INFORMÓ AYER, EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL VIERNES 3 DE MAYO, EL MINISTRO GALLARDÓN (EL GRAN PRIVATIZADOR DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA) HA INFORMADO DEL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL QUE CONVERTIRÁ A LOS PROCURADORES EN AGENTES DE LA AUTORIDAD PRIVADOS Y AL SERVICIO DE LAS PARTES QUE PUEDAN COSTEÁRSELO.

Madrid, 7 de mayo de 2013
Los documentos publicados hasta ahora son los proyectos de LOPJ y de Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborados por una comisión constitucional de expertos nombrada el pasado año por Gallardón, y el Anteproyecto de Ley que modifica la LEC. Todos ellos se pueden consultar en la web del Ministerio de Justicia.

¿QUÉ PROPUESTAS PLANTEA EL GOBIERNO?

  • La desaparición de los Juzgados de Paz, de todos los Partidos Judiciales y de las Audiencias Provinciales. La organización judicial del estado quedaría establecida con el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y los Tribunales de Instancia, estos últimos para la primera instancia en todos los órdenes jurisdiccionales y con ámbito provincial (salvo en Madrid y Barcelona que podrán tener ámbito inferior al provincial).
  • Se potencia la función pública de los Procuradores para que realicen actos de comunicación y de ejecución bajo la dirección de los Secretarios.
  • La atribución de la dirección de la investigación penal al Ministerio FISCAL y Junto a ello, la modificación del Código Penal que contendrá con casi total seguridad la ELIMINACIÓN de las Faltas que pasarán a estar despenalizadas o a ser delitos.
¿CÓMO AFECTARÁN ESTAS MEDIDAS A NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO?
La nueva organización judicial supondrá que por debajo del ámbito provincial no habrá ningún órgano judicial (salvo en Madrid y Barcelona). La propuesta del comité de expertos no concreta si esto significará que solo habrá sedes judiciales en las capitales de provincia o también en alguna otra ciudad (como ocurre actualmente con los Juzgados de lo Penal). Lo que es seguro es la desaparición de todos los Juzgados de Paz y Agrupaciones, y de las sedes judiciales que no sean las de las capitales de provincia y, quizá, la de alguna otra gran ciudad.
Esto significará, por una parte, el traslado forzoso a las capitales de provincia o grandes ciudades (en el mejor de los casos) de los miles de funcionarios destinados en los Juzgados de Paz y en los Juzgados de partido que desaparecen. Recordemos que en una de las últimas modificaciones de la LOPJ, ya denunciada por CCOO, permite este traslado forzoso con cambio de residencia que se confirma en la nueva propuesta donde desaparece la garantía de destino en el mismo municipio.
El segundo de los posibles efectos de esta nueva realidad organizativa de la justicia que se plantea es el que afecta a la destrucción masiva de puestos de trabajo. La escasa o nula convocatoria de plazas de funcionarios de justicia en las Ofertas de Empleo Público (que CCOO tiene recurrida ante los tribunales de Justicia) ha propiciado la existencia de un elevado porcentaje de empleo interino que, en la actualidad, ronda el 25% del total de la plantilla a lo que hay que sumar un número también importante de personal interino en plazas de refuerzo que, en lugar de haberse consolidado en plantilla, se mantienen como tales tras años y años de denuncia de esta situación por parte de CCOO. En total, podemos estar hablando de una cifra próxima a los 10.000 puestos de trabajo. Por ahora, el personal titular no puede ser despedido por lo que los titulares afectados por traslados forzosos, motivados por la desaparición de un gran número de órganos judiciales, pasarán a ocupar plazas que actualmente ocupa el personal interino. Es decir, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos con competencias tendrán la posibilidad de despedir entre 0 y 10.000 interinos y, vistas las políticas de recortes que se vienen planteando en todos los ámbitos, es fácil suponer que el efecto de estas reformas sobre el empleo en la Admón. de Justicia va a ser devastador. Menos puestos de trabajo supondrán además, para quiénes mantengan el suyo, menos posibilidades de promoción interna, de traslado en concursos para obtener mejores plazas, de nombramientos de personal interino y de posibilidades de acceso a través de las oposiciones.
Otro aspecto importantísimo recogido en la propuesta de la comisión de expertos es la nueva consideración de los Procuradores como agentes de la autoridad, dependientes de los secretarios y encargados de los actos de todos los actos de comunicación y determinados actos de ejecución. CCOO ya denunció lo que recogía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 en la que se introdujo ya la posibilidad de que los Procuradores realicen actos de comunicación (reforma operada en el año 2009, y ya entonces CCOO advirtió que con esa reforma se abría la puerta a la privatización del servicio público de la justicia); se trata de que esto sea la norma general para todos los actos de comunicación y determinados actos de ejecución. Esta propuesta, por sí misma, pone sobre la mesa la desaparición de los servicios comunes de actos de notificación y embargos y, también, la posibilidad de reducción drástica de las plantillas del personal funcionario del Cuerpo de auxilio judicial que verían restringidas sensiblemente sus competencias. Una vez más, planea el peligro de desaparición de más y más puestos de trabajo y, además en este caso, puestos que conllevan incrementos retributivos sobre las retribuciones complementarias ordinarias.

La desaparición de las faltas (y, por tanto, de las guardias para juicios de faltas inmediatos) y la asignación de los procedimientos por delito a las Fiscalías afectará directamente a los bolsillos de todo el personal funcionario destinado en los Juzgados de Instrucción, de 1ª Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer que en la actualidad realizan (y cobran por ello) cualquier tipo de guardia. Bien es cierto que la propuesta del comité de expertos plantea la existencia de juzgados o tribunales de instancia de garantías (para resolver sobre cuestiones planteadas en los procedimientos instruidos en las fiscalías y que afecten a derechos fundamentales, como la prisión preventiva, intervención telefónica, entrada y registro en domicilios, etc.) en los que alguien tendrá que estar de guardia y que el personal de la fiscalía tendrá que ampliarse en un número importante de funcionarios pero, por ahora, no se ha concretado en qué forma quedarán las guardias y, sin duda, el objetivo de los gobiernos afectados no va a ser la calidad del servicio público sino, simplemente, el ahorro del gasto sin tener en cuenta, con toda seguridad, a las personas y familias que resulten afectadas.
¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DE CCOO?
Junto con la Ley de Tasas Judiciales (que ha reducido el número de asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales salvo el penal) y la entrega (con mezcla de ideología y nepotismo) de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad se plantea con estas propuestas un escenario laboral incierto y peligroso para el futuro de los empleados públicos de la justicia.
Como sindicato socio-político, CCOO denuncia además el desmantelamiento que paulatinamente se está llevando a cabo del servicio público de la justicia y la dificultad, cada vez más manifiesta, que se quiere imponer a la ciudadanía para el acceso al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. El copago a través de las tasas judiciales, de los actos del Registro Civil y de las minutas a los Procuradores por hacer los actos que ahora realizan de forma gratuita las funcionarias y los funcionarios judiciales; el alejamiento de los Juzgados de la ciudadanía con el cierre de cientos de sedes judiciales en las localidades más pequeñas; la reducción del empleo público, y la merma de los derechos retributivos y laborales de quienes los desempeñan son la muestra de que también en la Administración de Justicia, este gobierno favorece a los poderosos frente a las clases populares, y de que está solo preocupado por desmantelar lo público, obedeciendo de forma acrítica a los países del norte de Europa olvidando a los ciudadanos y ciudadanas, a las familias que tanto dice defender, a las empleadas y a los empleados públicos, a los parados y a las paradas, y a todos los colectivos a los que están abandonando a su suerte al albur de esta indecente e inaceptable salida a la crisis económica que se está planteando.
CCOO seguirÁ reivindicando al ministro de justicia medidas que garanticen:
  • QUE NO DESAPARECERÁ NINGÚN PUESTO DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
  • QUE NO HABRÁ NUEVOS RECORTES EN LAS RETRIBUCIONES DE NINGÚN FUNCIONARIO O FUNCIONARIA DE JUSTICIA.
  • QUE SE ELIMINARÁ LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA FORZOSA.
  • LA PARALIZACIÓN DE LOS PROYECTO QUE SUPONGAN LA PRIVATIZACIÓN DE CUALQUIER SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SOLO CON LA UNIDAD DE TODOS LOS SINDICATOS Y EL APOYO DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES DE JUSTICIA PODREMOS PARAR ESTE DURÍSIMO ATENTADO A NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO Y CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA

LA CONVOCATORIA DE MOVILIZACIONES SERÁ LA ÚNICA POSIBILIDAD QUE NOS QUEDA PARA DAR UNA CONTUNDENTE RESPUESTA
¡¡ MOVILÍZATE CON CCOO !!

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