1.- El pasado 23 de septiembre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó su
dimisión. Pero la dimisión de Gallardón no significa un cambio de la política de este Gobierno,
siguen en sus cargos el presidente del Gobierno y el resto de ministros que han aprobado de forma
colegiada, y sin fisuras, todas las reformas encaminadas a reducir el déficit, siguiendo el
programa remitido a la UE, cuya ejecución se desplegará durante el período 2015-1207 mediante
nuevos recortes presupuestarios y eliminación de derechos. La última decisión, el viernes 26 de
julio de 2014, la insoportable quinta congelación salarial consecutiva de los salarios de los
EE.PP., la inclusión más que insuficiente de una tasa de reposición de efectivos de un máximo del
50 %, muy alejada de la imprescindible convocatoria en la OEP de las miles de vacantes existentes
en la Administración de Justicia, manteniendo el Gobierno de forma interesada miles de empleos en
precario, y la devolución, claramente insuficiente, de una parte (que apenas alcanza el 25%) de la
paga extra de 2012, robada por Gallardón, el presidente del Gobierno y el resto de sus ministros,
aquel mes de julio de 2012.
2.- Esta dimisión venía siendo reclamada por cientos de miles de personas, entre las que se encontraban miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y por CCOO, que venimos rechazando las reformas de Gallardón desde que aprobó la Ley de tasas judiciales que condenaba a la inmensa mayoría de la ciudadanía a no poder acudir a los Juzgados y Tribunales para defender de sus legítimos derechos.
2.- Esta dimisión venía siendo reclamada por cientos de miles de personas, entre las que se encontraban miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y por CCOO, que venimos rechazando las reformas de Gallardón desde que aprobó la Ley de tasas judiciales que condenaba a la inmensa mayoría de la ciudadanía a no poder acudir a los Juzgados y Tribunales para defender de sus legítimos derechos.
