1.- Remitimos el enlace a la página del consejo de ministros de ayer , 5 de diciembre de 2014, en el que se ha aprobado el anteproyecto de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En
el texto, existen al menos varias cuestiones profundamente peligrosas
que afectarán al Estado de Derecho y a las condiciones de trabajo del
personal de la Administración de Justicia.
No
es de recibo la fijación de unos plazos concretos de seis meses para la
instrucción, en los que llama el gobierno procedimientos sencillos,
mientras que para los llamados complejos por el ministro de Justicia,el
plazo que fija el anteproyecto será de dieciocho meses.
Es
como mínimo absolutamente tendencioso esta fijación de plazos, salvo lo
que se pretenda es que muchos de los procedimientos en los que estén
afectados, como en la actualidad, personas que han ocupado u ocupan
puestos de responsabilidad política o en grandes grupos financieros,
sean sobreseídos, por lo que las palabras del gobierno anunciando que
reforzarán con todas las medidas necesarias su lucha contra la
corrupción, de la que es como mínimo cómplice, son de una tremenda
hipocresía.