La decisión del Ministerio de Justicia de aprobar una reforma de ley por
la que se entregará a los registradores de la propiedad el control y la
administración de los registros civiles ha puesto en pie de guerra a
los funcionarios de ese servicio. Los sindicatos denuncian que la
privatización encubierta propuesta por Gallardón implicaría que aquellos
trabajadores que tengan la plaza en propiedad tendrían que pasar a otro
servicio y los que no la tengan perderían el trabajo.
Los sindicatos advierten de que el traspaso de la gestión del servicio a
los registradores traería como consecuencia que los trámites dejarían
de ser gratuitos para los ciudadanos, un extremo que ha sido negado
insistentemente por el Ministerio. A este respecto, el Colegio General
de la Abogacía Española asegura que aunque los actos obligatorios, como
nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo gratis,
habrá que pagar por las bodas, que oficiarán notarios. En cuanto a
trámites como la firma de poderes o un testamento, los costes podrían
multiplicarse por cuatro.
Los trabajadores han expresado sus ideas a través de una docena de
interrogantes que son a la vez argumentos muy contundentes y con los que
se quiere llamar la atención a la ciudadanía. Son los siguientes.
