En julio de 2012 el Gobierno aprobó un decreto ley con medidas
"antidéficit" que, entre otras cosas, incluía la reducción de los días
de libre disposición de los funcionarios públicos, que en la
Administración de Justicia suponía una rebaja de NUEVE A TRES DÍAS.En noviembre de 2013 , se devolvió uno de estos días de libre disposición a los funcionarios a través de una enmienda incorporada en el Senado a la ley de Control de la deuda comercial en el sector público, con la que se estableció que los empleados públicos contarían con cuatro días para asuntos propios.
