Actualmente
existen en España 431 Registros civiles principales, junto a más de
7.000 juzgados de paz con competencias en materia de Registro civil
que quieren ser privatizados por el Ministro de Justicia. Estando
servidos por unos 3.500 funcionarios de la Administración de
Justicia, que van a ver perder sus puestos de trabajo.
La
privatización del Registro civil se basa en un presupuesto falso que
justifica la misma como la única alternativa posible a los problemas
del Registro civil. El problema del Registro civil es el abandono
continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de
personal suficiente y medios materiales modernos.