Actualmente
existen en España 431 Registros civiles principales, junto a más de
7.000 juzgados de paz con competencias en materia de Registro civil
que quieren ser privatizados por el Ministro de Justicia. Estando
servidos por unos 3.500 funcionarios de la Administración de
Justicia, que van a ver perder sus puestos de trabajo.
La
privatización del Registro civil se basa en un presupuesto falso que
justifica la misma como la única alternativa posible a los problemas
del Registro civil. El problema del Registro civil es el abandono
continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de
personal suficiente y medios materiales modernos.
Los
funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de
Justicia tienen la preparación, la experiencia y la capacidad para
sostener el Registro civil sin necesidad de privatizarlo.
Las
consecuencias para los funcionarios al Servicio de la Administración
de Justicia serán nefastas, se destruirá empleo y pasaremos a ser
títeres para el Ministerio de Justicia, que ha abierto la puerta
para movernos a su capricho, sin respetar nuestros derechos a la
conciliación de la vida personal y familiar.
Con
esta medida, el personal funcionario que presta servicios en los
registros civiles únicos o en Juzgados con competencias en materia
de registro civil perderá su plaza y serán reordenados para cubrir
las vacantes que existan en los órganos judiciales. No se garantiza,
ni siquiera, el mantenimiento de las retribuciones de origen y
tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos de
movilidad geográfica forzosa.
Pero
esta privatización también tiene serías consecuencias negativas
para la sociedad,
- Se produce después de haberse realizado recientemente un importante esfuerzo económico para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, con una inversión de unos 128 millones de euros", inversión pública que "ahora se aprovechará" para una gestión privada.
- Con esta privatización se reducirá el número de registros civiles a uno por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Y elimina el Registro civil central. Así, la privatización del Registro civil supone el alejamiento efectivo de este servicio de su principal usuario: el ciudadano, en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia y del sentido común.
- Además los ciudadanos pagaremos por doble vía: por los aranceles que van a grabar a algunas inscripciones y actos del Registro civil y por impuestos, ya que hasta ahora todo ello era "gratuito" para los ciudadanos, por una sencilla razón: PORQUE YA LO HABÍAMOS PAGADO VÍA IMPUESTOS.
- Los datos relativos al estado civil de las personas deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales. Esto beneficia, tanto a los interesados como al Estado y a los terceros. Por tanto, esta privatización va a perjudicar a la mayoría de la población.
Los
sindicatos representativos de los trabajadores de la Administración
de Justicia nos oponemos a esta privatización, ya que el Registro
Civil es un servicio público y esencial del que no se puede
prescindir y su gestión ha de materializarse en prestaciones
regulares y continuas
que
sólo debe pertenecer al Estado por medio de una Administración
debidamente estructurada y cualificada para poder prestar un servicio
de calidad a la ciudadanía.
Por
ello, las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, STAJ Y UGT,
consideramos necesario que sigan estando servidos por los
funcionarios de la Administración de Justicia, pues nadie mejor que
los funcionarios de la Administración de Justicia para ejercer las
funciones propias del Registro Civil, aprovechando la formación y
experiencia que tenemos en estos órganos.
Que
por el Ministerio de Justicia se haya comprometido a mantener todos
los puestos de trabajo, de personal funcionario titular e interino,
mediante una disposición en la nueva Ley de Registro civil que se
negociará en la mesa sectorial, si bien demuestra que la lucha es
útil, no es suficiente.
En
este sentido, EXIGIMOS al Ministerio de Justicia:
Que
dé marcha atrás en su decisión de entregar los registros civiles
a los registradores de la propiedad y mercantiles, pues significaría
la privatización inaceptable de un servicio público prestado por la
Administración de Justicia.
Que
reconozca expresamente la condición de servicio público esencial de
los Registros Civiles y que en los mismos continuarán prestando
servicios el personal de la Administración de Justicia.
Que,
en su caso, se garantice en la Ley de los Registros civiles, todos
los puestos de trabajo, tanto del personal titular como personal
interino, destinado en los Registros Civiles, únicos o compartidos,
de toda España.
4
de marzo de 2013
¡¡¡EN DEFENSA DE LOS
REGISTROS CIVILES!!!
¡¡¡CONTRA
LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES!!!
¡¡¡DEFENDAMOS
EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!!
¡¡¡ACUDAMOS
A LAS CONCENTRACIONES ANTE LOS REGISTROS CIVILES
EL 21 DE MARZO: DE 11,30 A 12,30!!!
EL 21 DE MARZO: DE 11,30 A 12,30!!!
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