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“Si esto fuera una empresa privada, la Inspección de Trabajo cerraba
estos juzgados”. Carmen Beardo fue trasladada a San Fernando en 2007
como titular del juzgado número dos y ahora decana de esta sede. Aunque
está acostumbrada a trabajar en estas pésimas condiciones, se enerva al
hablar de ellas. “Si este juzgado funciona es gracias a sus
trabajadores, que hacen un gran esfuerzo”. Su enumeración tiene muchas
comas y no encuentra el punto y final. Que la luz se vaya en pleno
juicio o en una declaración forma parte de su rutina. “A veces lo grabo
yo misma en previsión y así evito tener que repetir”, explica.
Se lleva las manos a la cabeza hablando de cables eléctricos que cubren
el suelo en contra de cualquier norma de prevención de riesgos
laborales.
Los funcionarios que la escuchan asienten y le dan la razón. Recuerdan
la temida e inestable escalera metálica de la primera planta, la que
debería servir para acceder a una estantería superior repleta de
papeles. Hace unas semanas un estante entero cedió y se cayó. Los
archivos se encuentran en cualquier parte. La escalera que va hacia el
ático está bloqueada por una montaña de documentos. Hay expedientes en
los cuartos de baño, en mesas supletorias. “Una vez pedí un armario
metálico y no me garantizaron que el suelo pudiera resistir el peso”,
admite la juez decana contrariada. Los expedientes de 2013 ya no caben.
No saben dónde van a guardarlos. Menos, los del año que viene. El
despacho del secretario judicial se ha convertido en improvisado almacén
de pruebas. Allí se guarda por ejemplo un enorme tablero de madera con
el que supuestamente un detenido trató de forzar la puerta de un garaje.
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miércoles, 6 de noviembre de 2013
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