CCOO
exige al Ministerio de Justicia que la Ley Orgánica del Poder
Judicial garantice las actuales plantillas y las retribuciones del
personal y que impida la movilidad geográfica forzosa en las
modificaciones organizativas que plantea el Gobierno.
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El
proyecto de modificación de la LOPJ pretende la extensión de
competencias territoriales a varios partidos judiciales de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de determinadas materias del
orden civil y de los Juzgados de lo Penal, Mercantiles, de Menores,
de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo
Social con sede en una localidad distinta de la capital de provincia.
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CCOO
reclama más plantilla y mayores retribuciones para los juzgados que
vean incrementadas sus cargas de trabajo y la obligatoriedad de que
los jueces de refuerzo estén acompañados de las plantillas
necesarias de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial
El Ministerio de Justicia ha explicado en la mesa
sectorial celebrada el 28 de Abril, las modificaciones
organizativas que ha planteado en el proyecto de ley de reforma de la
LOPJ con las que pretende hacer una redistribución de las cargas de
trabajo desde juzgados especialmente sobrecargados a otros con un
menor volumen de asuntos.
Como
primer aspecto pretenden que la competencia territorial de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer se pueda extender a dos o más
partidos judiciales.
En
segundo lugar, se propone también que uno o varios Juzgados de la
misma provincia y del mismo orden jurisdiccional puedan asumir el
conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos o
ejecuciones de los mismos, es decir, que un juzgado concreto pueda
asumir todos los asuntos (de cualquier materia, por ejemplo, de
familia) de varios partidos judiciales.
También
se regulan los planes de actuación para nombrar jueces de apoyo
especializados para la atención de asuntos concretos de especial
relevancia.
Por
último, los Juzgados Mercantiles, de lo Penal, de Menores, de lo
Social, de Vigilancia Penitenciaria y de lo Contencioso
Administrativo que tengan la sede en una localidad distinta de la
capital provincia, podrán conocer de asuntos que no sean de su
actual ámbito territorial, pudiendo corresponderle por reparto otros
asuntos de distintos partidos judiciales de la propia provincia.
CCOO
hemos hecho saber al Ministerio de Justicia que, desde el punto de
vista político, nos parece una aberración la intención del
Gobierno de que la demarcación judicial pueda establecerse por Real
Decreto en algunos casos. Hasta ahora, es obligatorio que se haga por
Ley y la nueva regulación que se propone impedirá un debate
parlamentario de las propuestas gubernamentales y el conveniente
filtro de los órganos consultivos del Estado.
La modificación propuesta de la demarcación
territorial de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, es un
ejemplo de lo anterior y va a provocar de forma directa el
alejamiento de la justicia “por decreto” de una gran cantidad de
mujeres víctimas de esta lacra social; mujeres que tenían en su
propio municipio, o muy cerca de él, el juzgado que debía
atenderlas se encontrarán con una nueva traba, una más, en su lucha
y en su derecho por defender su integridad física y moral. El
alejamiento del juez del conocimiento de la situación social del
terreno no será una mejora, sino un deterioro más del servicio
público de la Administración de Justicia y otra afrenta a las
mujeres maltratadas con la excusa de la crisis económica.
Para
CCOO,
lo
que hay que hacer es crear más juzgados donde hagan falta
para que se puedan atender los procedimientos de todos los órdenes
jurisdiccionales y, el colapso en éstos y su sobrecarga de trabajo,
no impidan una buena atención también a las víctimas de violencia
de género.
Desde
el punto de vista estrictamente laboral, CCOO
ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia que estas
propuestas van a afectar también a las cargas de trabajo que
soportarán los juzgados que acojan una circunscripción territorial
más amplia, cargas de trabajo que también se verán incrementadas
por la asignación de la competencia en el conocimiento de nuevos
delitos prevista en otros puntos de este proyecto de reforma de la
LOPJ.
Al
mismo tiempo, se pudiera ver afectado el número de puestos de
trabajo al no estar determinado el futuro de las plazas que los
actuales Juzgados con competencias, por ejemplo, en materia de
violencia sobre la mujer tienen por encima de las plantillas de otros
juzgados de la misma localidad. Este aspecto podría también
afectar, si se equiparasen las plantillas, a procesos de
redistribución de efectivos en los que CCOO
no aceptará la movilidad forzosa a otra localidad en ningún caso.
Tampoco quedan garantizadas en la propuesta del Gobierno las
retribuciones complementarias que tienen asignadas los juzgados de
violencia sobre la mujer en algunos territorios.
CCOO
ha exigido al Ministerio de Justicia:
1.-
El aumento de las plantillas y/o de las retribuciones complementarias
en los juzgados que vean incrementadas sus cargas de trabajo, tanto
por la extensión de su actual ámbito de competencia territorial
como por el conocimiento de nuevos delitos.
2.- La modificación del
artículo 523 de la LOPJ para que se recoja expresamente que los
procesos de redistribución de efectivos no podrán conllevar, en
ningún caso, la disminución de retribuciones por cualquier
concepto, incluidas las guardias, ni el traslado de localidad, ni
pueda verse afectado a la baja el número total de puestos de trabajo
de la localidad.
3.- Que el nombramiento de
los jueces de apoyo especializados o los jueces de refuerzo de los
planes de actuación, vaya siempre obligatoriamente acompañado de la
plantilla necesaria de personal de Gestión, Tramitación y Auxilio
Judicial, debiendo recogerse expresamente en la LOPJ esta obligación
de las administraciones competentes.
4.-
La supresión del artículo 528 de la LOPJ que autoriza la aplicación
de planes de reordenación de recursos humanos en la Administración
de Justicia impuestos unilateralmente por el Gobierno Central o las
Comunidades Autónomas con competencias.
El
Ministerio de Justicia había negado, inicialmente, la negociación
de estos aspectos organizativos y de su incidencia en las condiciones
de trabajo y la presión de CCOO
ha conseguido que en una próxima reunión de la mesa sectorial se
aborde la negociación colectiva de estas materias con los
representantes sindicales.
En
sucesivas reuniones se abordarán las reformas de la LOPJ referentes
a nuestro estatuto jurídico y condiciones de trabajo de las que
informaremos debidamente.
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