Para
CCOO
las mentiras del presidente del Gobierno le deberían obligar a
presentar su dimisión
RAJOY
Y CATALÁ MINTIERON A LA CIUDADANÍA CUANDO ASEGURARON QUE EL
REGISTRO CIVIL SEGUIRÍA SIENDO GRATUITO TRAS LA PRIVATIZACIÓN.
EL
GOBIERNO PRETENDE INCLUIR EN EL REGISTRO CIVIL NUEVAS GESTIONES,
AJENAS AL ESTADO CIVIL, QUE SERÁN DE INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA Y DE
PAGO
LOS
CIUDADANO DEBERÁN PAGAR TAMBIÉN POR ALGUNOS SERVICIOS (VECINDAD
CIVIL, RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL, ETC) QUE ACTUALMENTE SON
GRATUITOS
Según
todas las informaciones que están siendo publicadas en varios medios
de comunicación, el Ministerio de Justicia, presionado por los
Registradores, está ultimando sus propuestas para reformar la Ley
20/2011 de Registro Civil, incluyendo en el proyecto
de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil,
cuyo plazo de enmiendas ha vuelto a ser ampliado por el grupo
parlamentario popular (ahora hasta el día 10 de marzo) en el
Congreso de los Diputados, para poder introducir las enmiendas cuyo
objetivo es compensar económicamente a los Registradores Mercantiles
al hacerse cargo del Registro Civil.
Nuevamente,
el presidente del Gobierno falta a la verdad, siendo Catalá el brazo
ejecutor de esta política de mentiras a la ciudadanía, y pretende
que se pague por servicios que hasta el momento son gratuitos o que
son ajenos al estado civil de las personas. Catalá y Rajoy quieren
pervertir el objeto del registro civil, ampliando los hechos objetos
de inscripción a cuestiones absolutamente ajenas al Registro Civil,
para que los registradores puedan hacer caja con los nuevos hechos
registrales. Las informaciones de las que se hacen eco medios de
comunicación incluyen como obligatorios y de pago actos como:
- El registro de seguros o de actos de última voluntad, hoy competencia del Ministerio de Justicia y por cuya certificación, previa a la herencia de toda persona fallecida, hay que pagar una tasa actual de 3,70 € al Tesoro Público, de la que se apropiarían los registradores.
- El Gobierno pretende incluir como obligatorio la inscripción de todos los poderes de las personas físicas y su revocación. En el año 2014 se firmaron casi un millón de ceses de poderes en toda España,
- También pretende que sea un trámite obligatorio la referencia a la constancia registral del domicilio registral y la dirección a efectos de notificaciones.
- Se cobrará por el libro de familia desde la entrada en vigor de la privatización del Registro Civil.
- Se podrán devengar honorarios para los asuntos de carácter voluntario y que respondan al interés particular del ciudadano (como poderes, régimen económico, vecindad civil, expedientes de cambio de nombre y apellidos, registro de parejas de hecho…)
- Los Registradores pretenden que el Ministerio de Justicia incluya en la reforma de la ley 20/2011 del Registro Civil, la posibilidad de inscripción de cualesquiera otros hechos o actos relativos a las personas físicas previstos en otras leyes, de forma que normas posteriores pueden ampliar aun más el objeto del registro civil con hechos ajenos al mismo, con el consiguiente coste económico para el ciudadano.
- Pretenden los Registradores, con el apoyo del Gobierno, además, que la reforma incluya una disposición final que habilite al ministro de Justicia para aprobar en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE, los aranceles correspondientes a las intervenciones de los registradores respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en la Ley.
CCOO
exige la dimisión de Rajoy por sus mentiras. Porque como viene
advirtiendo CCOO
desde hace más de dos años y medio, la entrega de la gestión del
Registro Civil a los Registradores, supondría una privatización
inaceptable y una pérdida importantísima de empleo en la
Administración de Justicia, y acabaría con el Registro Civil como
un servicio público, universal y gratuito.
CCOO
llama a todos los trabajadores y trabajadoras y a toda la ciudadanía
a incrementar las movilizaciones contra la privatización del
Registro Civil y por su mantenimiento en el ámbito de la
Administración de Justicia, y apoyar la Iniciativa Legislativa
Popular que impulsa CCOO,
para recoger más de 500.000 firmas para lograr paralizar esta
desvergüenza que pretende el Gobierno
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