Adjuntamos enlace al BOE de hoy, 17 de octubre, en donde se publica la Ley 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
(procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio), que
establece en sus disposiciones adicionales vigésima a vigésimo quinta la
privatización del Registro Civil mediante su entrega a los
registradores mercantiles.
La
Ley 8/2014 es reproducción exacta del RD 8/2014 lo que demuestra la
desvergüenza del Gobierno y del Ministerio de Justicia que, pese a la
oposición de todos los grupos parlamentarios, de todos las
organizaciones profesionales del ámbito de la Justicia, de cientos de
organizaciones ciudadanas y de cientos de Ayuntamientos e incluso de
algún Parlamento Autonómico, mantiene su decisión. Además la Ley
mantiene, a pesar de las manifestaciones del nuevo ministro, la
disposición adicional relativa a la Corporación de Derecho Público para
la contratación del sistema informático y su posterior gestión,
mantenimiento, conservación y actualización a pesa de que el Consejo de
Estado, en su dictamen de fecha de 25 de septiembre, pone en cuestión esta disposición y la tacha de oscura y confusa, rechazando
partes del texto por posible inconstitucionalidad y reclama al Gobierno que lo
rehaga en profundidad.
CCOO
mantiene su oposición a la privatización del Registro Civil y, como
venimos informando, tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía
General del Estado presentada por CCOO en
solitario, que tras los trámites legales debería ser remitida
próximamente al Tribunal Supremo, daremos un paso más e
impulsaremos una iniciativa legislativa popular (ILP) implicando a
todas las organizaciones profesionales del ámbito de la Administración
de Justicia y las distintas organizaciones sociales y ciudadanas que rechazan la privatización del Registro Civil para lograr que llegue al Parlamento español
esta ILP, y así parar este desastre.
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