- El dictamen pide al ministerio que rehaga el “oscuro” y “confuso” borrador porque contiene elementos “inconstitucionales”
- Dice que el Gobierno se “extralimita” al otorgar competencias sobre todos los registros a la nueva corporación, e interferir en las del Colegio de Registradores
- Hacienda exige “publicidad y concurrencia” para el concurso del polémico nuevo sistema informático registral
- CCOO ampliará su denuncia contra Rajoy y Ruiz- Gallardón ante la Fiscalía General del Estado.
El Consejo de Estado
pide al Ministerio de Justicia que rehaga el proyecto de real decreto
por el que crea una Corporación de Derecho Público para gestionar el
nuevo Registro Civil electrónico. En un dictamen
que tacha el texto de Justicia de “oscuro” y “confuso” en muchos de sus
artículos, e incluso rechaza por “inconstitucional” alguno de ellos, el
órgano consultivo recomienda al ministerio que lo “reexamine en
profundidad”. A su juicio, Justicia debe “reconsiderar” las “grandes
orientaciones” de la norma, además de “revisar” muchos “aspectos
concretos”.
El proyecto de real
decreto es uno de los instrumentos del Gobierno para completar la
reforma de los registros que está acometiendo y que ha puesto en pie de
guerra a los registradores de la propiedad y mercantiles. También al
resto de los sectores implicados: desde los funcionarios de Justicia
hasta los jueces y secretarios judiciales. El dictamen fue aprobado por
unanimidad el pasado jueves. Aunque no es vinculante, sí puede pesar,
por la contundencia y amplitud de sus críticas, en el recorrido de la
norma.
Pese a que el Ministerio
de Justicia aseguró a infoLibre que “está en condiciones de cumplir los
plazos” que él mismo se marcó, lo cierto es que éstos acaban el próximo
viernes. Y la polémica que acompaña a la reforma está lejos de remitir,
a la espera de que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá,
confirme si continúa adelante con el proyecto tal y como lo ha diseñado
la Dirección General de los Registros, bajo el paraguas de Alberto
Ruiz-Gallardón, o si cambia de rumbo.
CCOO ya ha anunciado que
ampliará la denuncia que interpuso hace dos semanas ante la Fiscalía
General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el
exministro Ruiz-Gallardón por no haberse inhibido en el Consejo de
Ministros que aprobó la cesión del Registro Civil a los registradores
mercantiles el pasado 4 de julio. Tanto Rajoy como dos de sus hermanos
son registradores; también lo es la nuera y el cuñado del extitular de
Justicia. Además, el sindicato ha denunciado al director general de los
Registros, Joaquín Rodríguez, y a uno de sus subordinados, Javier Angulo
–ambos registradores– por sus supuestas relaciones con una empresa que
los registradores sitúan como la segura ganadora del procedimiento
cerrado y sin publicidad convocado para suministrar el sistema
informático del futuro registro.
Tanto la asociación de
registradores Francisco Cárdenas como el propio Colegio de Registradores
van a denunciar la reforma ante la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC). La primera también pretende impugnar ante los
tribunales los decretos e incluso la adjudicación del sistema
informático.
Un camino lleno de obstáculos
Así, el dictamen del
Consejo de Estado aparece como otro obstáculo más en el proyecto del
Gobierno. De hecho, el órgano consultivo señala hasta cinco
observaciones que considera “esenciales” y Justicia debería atender. El
real decreto crea una Corporación de Derecho Público en la que se
integrarán los registradores mercantiles que gestionen, a partir del 15
de julio de 2015, el Registro Civil. Esa “corporación” la ven
los registradores como
un intento del Gobierno de crear un “colegio paralelo” con el que eludir
la oposición del gremio a la reforma. Su misión es la de firmar el
contrato con la empresa adjudicataria del sistema informático integrado
que ayudará a los registradores mercantiles a gestionar el Registro
Civil. Y lo hará un Consejo Ejecutivo Provisional formado por siete
personas que nombrará una orden del propio Ministerio de Justicia.
Pero la licitación y
adjudicación del sistema informático integrado –un contrato de 80
millones de euros– corresponderá a una empresa pública dependiente del
Ministerio de Defensa, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España
(Isdefe). Para justificarlo, el Gobierno aduce motivos de máxima
seguridad, por los millones de datos confidenciales que manejará.
Pues bien, el Consejo de
Estado ha dictaminado que el proyecto del Gobierno “se extralimita” al
pretender “ampliar el ámbito de actividad de la corporación” del
Registro Civil –lo único que le ordena la ley– a todos los registros
–según aparece en el proyecto de real decreto, una norma de rango
inferior–. “La gestión integrada de los registros no encuentra asidero
alguno en el mandato contenido” en la ley que creó la corporación,
concluye.
Interferencias con el Colegio de Registradores
El Consejo de Estado,
que preside el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría, destaca la
“profunda singularidad” de la corporación que pretende crear el
Gobierno: en lugar de constituirse “por voluntad de los funcionarios que
han de integrarse” en ella, la iniciativa corre a cargo del Gobierno y
se hace por ley. No obstante, y tras criticar las “deficiencias” del
texto a la hora de definir la naturaleza jurídica de la nueva
corporación, el dictamen
reprocha a Justicia que le otorgue “unas funciones –de representación– y
estructura típicamente colegiales”, le atribuya competencias en materia
de régimen disciplinario propias de un colegio profesional y establezca
como legislación supletoria la de los colegios profesionales. Todo ello
supone “una lectura inconstitucional” del mandato que la ley dio al
ministerio para crear esa corporación, advierte.
Pero no son éstos los
únicos aspectos en que el nuevo organismo “choca”, dice el Consejo de
Estado, con las competencias del Colegio de Registradores. También le
reconoce funciones que la ley reserva a este órgano profesional. El
dictamen señala como “interferencias” entre éste y la nueva corporación
que el proyecto de real decreto regule las cuotas que deberán pagar
estos profesionales, así como la “cesión ordinaria o extraordinaria de
fondos” del primero al segundo establecida por la norma. El Consejo de
Estado no duda en destacar la “problemática” que plantearán tales
operaciones.
Este órgano considera
que la solución a muchos de estos conflictos es que el Colegio de
Registradores gestione la nueva corporación, una posibilidad reconocida
en el real decreto. Pero critica a Justicia por no prestarle suficiente
atención y omitir en el texto cuáles deben ser los trámites para llevar a
cabo ese proceso.
Críticas a la escasez de datos económicos
Curiosamente, la
extralimitación de las competencias de la nueva corporación y su choque
con las del Colegio de Registradores fueron señaladas por el preceptivo
informe que la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
envió al Consejo de Estado. Sin embargo, esas recomendaciones fueron
obviadas por el ministerio, que remitió al Consejo de Estado una segunda
versión de la memoria económica del real
decreto donde se reafirmaba en la ampliación a todos los registros de las competencias de la corporación.
Por si fuera pocas las
críticas, el órgano consultivo entiende que la memoria no refleja
“suficientemente las consecuencias “económicas y sociales” que tendrá la
norma. “Una regulación como la que contempla el proyecto, con tantas
implicaciones en el funcionamiento del sistema registral español,
hubiera merecido una consideración más detallada de todos estos
impactos”. Aunque el Consejo de Estado no lo dice, la
memoria del real decreto apenas dedica dos páginas a su impacto económico y presupuestario, y no contiene ni una sola cifra.
Otra deficiencia del
real decreto, según el Consejo de Estado, estriba en que exige al
Colegio de Registradores que suministre a la nueva corporación “todas
las bases de datos, aplicaciones y sistemas automatizados” necesarios.
El órgano que preside Romay Beccaría confiesa que “no alcanza a
comprender qué tipo de bases de datos y aplicaciones” puede transferir
el Colegio si la función de la nueva corporación
consiste, en teoría, en
poner en marcha únicamente el sistema informático del Registro Civil. Un
servicio hasta ahora en manos de los jueces con el que nada tienen que
ver los registradores mercantiles y de la propiedad.
Hacienda pide publicidad y concurrencia
También la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Hacienda envió su informe al Consejo
de Estado. En él sugiere que el proyecto de real decreto debería
introducir una cláusula que someta la contratación del nuevo sistema
informático a los “principios de publicidad y concurrencia”.
Otra recomendación que
Justicia no ha tenido en cuenta: el procedimiento de Isdefe es negociado
y sin publicidad. Según los registradores que se oponen a la reforma
del Gobierno, el concurso se ha hecho a la medida de una empresa,
Futuver Consulting. Ésta dice que no se va a presentar “directamente” a
la licitación, pero sí va a asociarse con la compañía que lo gane porque
es “la más especializada” y ya tiene “el trabajo adelantado”.
Tanto el PSOE como IU
presentaron en el Congreso a lo largo del último año sendas baterías de
preguntas sobre la cesión del Registro Civil a los registradores y el
concurso para adjudicar el sistema informático integrado. Con escaso
éxito en las respuestas del Gobierno. “Tememos que, tras la reforma y el
contrato, no sólo haya una privatización sino también una
prevaricación, que se está haciendo un negocio al amparo de la Administración”,
advierte el diputado de IU Gaspar Llamazares. Mientras, la diputada del
PSOE Laura Seara desconfía de que el nuevo ministro de Justicia, que
tomó posesión este lunes, vaya a cambiar la reforma, cuya autoría los
registradores atribuyen más a la Dirección General de los Registros que
al propio Ruiz-Gallardón.
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