Se intenta desprestigiar el ejemplar y
cualificado trabajo que, en general, se está desarrollando desde el
Sindicato. Tratar de poner bajo sospecha la actuación sindical, justo en
procesos donde las personas trabajadoras más y mejor apoyo necesitan,
no es casualidad ni gratuito. Esto solo beneficia a los que despiden,
desprotegiendo a los que sufren dramáticamente las consecuencias.
Se pretende vincular a los Sindicatos con
actuaciones ilegales en los Expedientes de Regulación de empleo,
acogidos al programa de ayudas que públicas aportadas por el Gobierno de
Andalucía en el período que va de 1999 a 2010. La dirección de CCOO
decidió constituir en Abril de 2013 una comisión para investigar la
actuación de nuestras estructuras en estos procesos.
Acaba de culminar su trabajo con un
extenso informe que, en un saludable ejercicio de transparencia, se ha
hecho público de forma inmediata.
Las conclusiones, con toda la información
de que ha dispuesto hasta la fecha, dispone, dejan claro que no puede
afirmarse la existencia de enriquecimiento ilícito por parte de las
Federaciones afectadas. No han participado en ninguna trama de reparto
de subvenciones. No hay indicios de que las Federaciones de CCOO hayan
contribuido a la inclusión de personas ajenas a las empresas o grupos de
empresas afectadas para la obtención fraudulenta de prestaciones. Hay
algunas personas que se relacionan con nuestro sindicato, imputadas en
el proceso.
El informe apunta a que existen indicios
de alguna actuación reprobable, derivadas de actuaciones personales y
al margen de órganos de dirección. Algunas de las que se mencionan no
están afiliadas a CCOO, otras con expediente sancionadores abiertos.
En el resto de personas que se vinculan a CCOO y son imputadas, no se aprecian indicios de comportamiento reprochable.
El Consejo Confederal, el máximo órgano
de dirección de CCOO entre Congreso y Congreso, aprobó por unanimidad
las conclusiones y orientaciones de trabajo en esta materia para los
próximos meses. Se refuerzan los procedimientos transparentes y los
mecanismos de control por parte de los órganos de dirección
confederales. Se tomarán medidas para evitar prácticas que, sin perjucio
de su legalidad, no parecen muy recomendables.
Viene a cuento una reflexión de Ignacio Toxo, Secretario General de CCOO, en su intervención ante el Consejo Confederal:
“Podemos estar convencidos de la
legalidad de nuestras actuaciones, confiados en la honradez de las
personas que las han llevado a cabo, pero tenemos que saber que no es
esto lo que cree una parte importante de la sociedad. No podemos dar por
sentado que todo se ha hecho bien, ni que todo lo que no es ilegal es
moralmente sostenible.”
La Comisión de Investigación no se
cierra, sigue viva, recabando información y estudiando las actuaciones e
informando de la que vaya teniendo conocimiento.
CCOO está actuando con seriedad y con un
esfuerzo loable de transparencia. Tengo la convicción, de que nuestra
afiliación, nuestros cuadros sindicales, la Comisión Ejecutiva
Confederal, las direcciones Federales y Territoriales, apuestan por la
transparencia y la honradez. Estoy convencido de que el Sindicato no va a
aceptar el injusto e inmoral linchamiento de personas honradas que no
se las han llevado. Y desde luego que no va dar cobertura a chorizos.
El informe
completo de la Comisión de la Comisión interna sobre la intervención
sindical en los Expedientes de Regulación de Empleo de Andalucía, acogidos al programa de ayudas públicas de esa comunidad en el período de 1999 a 2010, puedes verlo en el siguiente enlace. (Ver informe en formato PDF)
RELACIONADAS:
CCOO no ha cometido ninguna ilegalidad ni hay indicios de enriquecimiento personal de ningún responsable sindical
El secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, y el de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero,
han aseverado que CCOO no ha cometido ninguna ilegalidad – "CCOO no ha
formado ni forma parte de ninguna trama de reparto de subvenciones" – ni
hay indicios de enriquecimiento ilícito por parte de las federaciones
afectadas o beneficio personal de ningún responsable sindical, en los
ERE de Andalucía.
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