CCOO
LLAMA A LA MOVILIZACIÓN PERMANENTE. DEBEMOS IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
GALLARDON
ACELERA LA PRIVATIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA JUSTICIA. AHORA
ENTREGA LOS SERVICIOS COMUNES DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS A LOS
PROCURADORES
ESTA NUEVA
PRIVATIZACIÓN SUPONDRÁ LA DESTRUCCIÓN DE MILES DE PUESTOS DE
TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Madrid,
6 de mayo de 2013
Confirmando
las advertencias que desde Comisiones
Obreras
venimos denunciando hace meses, Gallardón, dándole una vuelta de
tuerca más a la Ley de Medidas de Agilización Procesal del PSOE del
10 de octubre de 2011, da un acelerón definitivo en la privatización
de la Administración de Justicia, entregando a los Procuradores la
posibilidad de realizar todos
los actos de comunicación
(citaciones, notificaciones y emplazamientos) y determinados
actos de ejecución
(posibilidad de realizar la diligencia de embargo; posibilidad de
encargarse, a través de los Colegios de Procuradores, del depósito
y de la administración judicial de los bienes embargados;
posibilidad de ser designados como entidad especializada en la
subasta de los bienes embargados, posibilidad de realizar las
diligencias de toma de posesión de bienes muebles…) y
otros actos de cooperación y auxilio a la Administración de
Justicia.
Este
es un nuevo ataque a los derechos del personal funcionario de la
administración de justicia, un insulto a la dignidad de todas y
todos los trabajadores que día a día realizan su trabajo con
profesionalidad y, muchas veces con esfuerzo personal, ante la
precariedad de los medios que la administración pone a su alcance.
Pero
también es un nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía que verá
restringido, una vez más, su derecho de acceso a la justicia para
la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Primero fueron los
depósitos para recurrir, luego la imposición de las desmesuradas
tasas judiciales, a continuación el Proyecto de Ley de reforma
integral de los Registros Civiles que introduce el pago mediante
aranceles a los registradores de la propiedad y mercantiles y a los
notarios y, ahora, se suman los aranceles que los justiciables
deberán abonar a los procuradores por la práctica de los actos de
comunicación y ejecución. El anteproyecto de Ley de reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil recoge en su disposición adicional
primera que “el
Gobierno de la Nación aprobará por Real Decreto la
adecuación del arancel
de derechos de los Procuradores de los Tribunales a las nuevas
funciones atribuidas en la presente ley”.
GALLARDÓN
OTORGA LA CONDICIÓN DE AGENTES DE LA AUTORIDAD A LOS PROCURADORES Y
REFUERZA LAS FUNCIONES DE ÉSTOS PARA “AGILIZAR
Y DOTAR DE MAYOR EFICACIA LOS TRÁMITES PROCESALES”.
Nuestros
peores temores se han visto superados con el anteproyecto de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, en donde el Gobierno otorga a los
Procuradores la condición de Agentes de la Autoridad cuando ejecuten
los embargos, y en donde suprime la necesidad de realizar las
notificaciones acompañados de dos testigos en el caso de que al
realizarla, la persona se encuentre en su domicilio.
Según
Gallardón, con su desvergüenza habitual, los funcionarios y las
funcionarias somos los culpables del retraso de la administración de
justicia. Así se desprende de la lectura de este anteproyecto de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afirma que “persigue
desarrollar las funciones de colaboración y auxilio con la
Administración de Justicia que ya realizan los procuradores para
agilizar y dotar de mayor eficacia los trámites en la Administración
de Justicia.”
Además
en el artículo 16 del anteproyecto se mantiene la responsabilidad
del personal funcionario por los retrasos o negligencias que se
produzcan, pero, por el contrario, Gallardón
elimina el apartado relativo a la responsabilidad de los
procuradores.
Según
Gallardón, el Procurador, que a partir de ahora será juez y parte
en el proceso, acabará con la “lentitud y el atasco” de la
administración de justicia ¡Esto,
además de indecente es un insulto a la ciudadanía y a los empleados
públicos!
Para
CCOO
es intolerable esta falta de respeto hacia el personal funcionario de
la administración de justicia y demuestra que Gallardón busca el
descrédito del funcionariado para poder continuar con esta
inadmisible restructuración de la administración de justicia.
CCOO
ADVIERTE QUE CON ESTA REFORMA EL GOBIERNO SUPRIMIRÁ 12.000 (DOCE
MIL) PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: NO
LO PERMITAMOS
Ya
nadie puede negar lo evidente. Con esta vuelta de tuerca, Gallardón
otorga la condición de Agentes de la Autoridad a los Procuradores
(parte en el proceso), y adjudicándoles todos los actos de
comunicación y determinados actos de la ejecución, y otros actos de
cooperación con la Administración de Justicia, unido a la
privatización del Registro Civil abre la puerta a la supresión
de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia
(doce mil plazas que asciende al 30% de la plantilla).
Como
los procuradores van a cobrar por los actos de comunicación y
ejecución, ya no van a necesitar que las funcionarias y los
funcionarios de la Administración de Justicia (imparciales en sus
actuaciones) ejerzan las mismas, salvo, probablemente, en las que
actúen de oficio y sus honorarios no puedan ser engordados con la
minuta correspondiente.
Ahora
más que nunca, CCOO
manifiesta que es necesario intensificar y radicalizar las acciones
que desde hace meses venimos desarrollando contra la privatización
de la Administración de Justicia.
Es intolerable que se haga entrega de un servicio público como es la
Administración de Justicia al ámbito de lo privado, cargándose un
servicio público básico, que debería ser garante de los derechos y
libertades y suprimiendo de un plumazo el 30% de sus efectivos.
Esta
vez la privatización se centra en los actos de comunicación y
ejecución, el mes que viene ya veremos qué otra mordida le pegan a
un servicio público como el de la Administración de Justicia, tan
necesario de imparcialidad que sin ella la propia Justicia no tiene
sentido.
MOVILÍZATE
CON CCOO
DEFENDAMOS
EL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA
PORQUE,
SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS.
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