TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE CONCENTRAN ANTE
LA SEDE DEL PP EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y DE LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES QUE EL GOBIERNO RAJOY
ESTÁ ELIMINANDO.Ayer, 6 de noviembre, decenas de trabajadores de la Administración de Justicia acudieron a la concentración convocada por CCOO, STAJ y UGT
ante la sede del PP en la C/ Génova de Madrid para exigir al partido que tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado que no apoye la reforma de la LOPJ que el Gobierno de Rajoy ha presentado al Congreso de los Diputados para su tramitación por el trámite de urgencia (que incluye los gravísimos recortes de derechos impuestos en el R/D 20/2012 de 13 de julio, entre ellos la movilidad geográfica forzosa de los funcionarios de la Administración de Justicia); tampoco la Ley de Tasas Judiciales que se está tramitando en las Cortes y, para que inste al Gobierno a retirar sus planes privatizadores de la Administración de Justicia (desjudicializando actuaciones judiciales para encomendarlas a Registradores de la Propiedad y Notarios ) y para denunciar la destrucción de empleo público en la Administración de Justicia como consecuencia de la brutal reducción de partidos judiciales y de la implantación de los tribunales de instancia que pretende llevar a cabo Gobierno a propuesta del ministro de Justicia, R.Gallardón.
Las medidas del Gobierno Rajoy (apoyadas y reclamadas por instituciones de la UE, el Gobierno de A. Merkel y FMI) que, con la excusa de la crisis económica, pretende llevar a cabo el desmantelamiento del Estado de Bienestar destruyendo los servicios públicos sobre los que sustenta, sólo podrán ser frenadas por todos los trabajadores y por los ciudadanos con la movilización, sostenida y creciente. Una movilización que poco a poco está se está extendiendo y organizando en todos los sectores de la sociedad y que el día 14N, con la huelga general que está convocada para el mismo día en seis países de la UE (España, Portugal, Italia, Grecia, Malta y Chipre) y manifestaciones en Alemania, Francia y Bélgica, debe ser una primera y contundente llamada de atención al Gobierno español y a la UE para que pongan fin a sus políticas de recortes de servicios públicos, de derechos sociales y prestaciones sociales que e están empobreciendo muy seriamente a la mayoría de los ciudadanos españoles mientras, sólo un minoría (el 3%), sigue incrementando sus rentas aún a pesar de haber sido los causante de la crisis económica.
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