- El Gobierno pretende la suspensión para el año 2013 de las ayudas para personas mayores dependientes, discapacitados y drogodependencia, así como del subsidio por jubilación y las ayudas por gastos de sepelio.
- Esta suspensión se añadiría a la suspensión sine die de las ayudas por préstamo hipotecario, de termalismo social y podología para mayores ya acordada por la Mugeju en mayo de 2012.
- La Mugeju informa desfavorablemente a la nueva suspensión de ayudas.
Desde
su fundación las Mutualidades de funcionarios (Mugeju, MUFACE e
Isfas) ofrecen a sus mutualistas tres tipos de prestaciones:
- prestaciones económicas (por incapacidad temporal o permanente, por jubilación y auxilios económicos)
- prestaciones sanitarias (asistencia sanitaria, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica y otras prestaciones sanitarias)
- y prestaciones asistenciales (ayudas para atención a personas mayores y otros colectivos, ayuda de adquisición de vivienda).
El
Gobierno de Rajoy quiere cargarse para al año 2013 la mitad de estas
prestaciones,
dejando a las tres mutualidades únicamente con las prestaciones
económicas por incapacidad (que no obstante pueden ser objeto de
revisión en cualquier momento) y las prestaciones sanitarias (que
además ya se ven afectadas por la próxima revisión de la cartera
básica de salud, el copago en transporte sanitario no urgente y pago
del 100 % de determinados medicamentos).
El
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públlicas presentó a la
Mutualidad General Judicial para informe el 21 de septiembre pasado
una propuesta
de Disposición Adicional a incluir en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, en virtud de la cual
quedarían suspendidas para el año 2013
el reconocimiento y abono de los subsidios por jubilación y
defunción, la ayuda por gastos de sepelio, las prestaciones
sociosanitarias (programas de atención a personas mayores, de
atención a personas con discapacidad y a drogodependientes), la
ayuda para adquisición de vivienda y los programas de tercera edad
de las tres Mutualidades (Mugeju, Isfas y MUFACE) y los programas
análogos que reconocen los fondos especiales integrados en dichas
Mutualidadades.
CCOO
ya informó en el mes de mayo sobre la pretensión del Gobierno de
suspender para el año 2013 el subsidio por jubilación y las ayudas
por gastos de sepelio, que recibieron el informe negativo de la
Gerencia de la Mugeju.
Asimismo
hay que recordar que la
propia Mutualidad ya suspendió con
efectos 1 de agosto de 2012 “sine die” las ayudas por préstamos
hipotecarios, podología básica y termalismo para mayores
(estas dos últimas integradas en el programa de atención a personas
mayores). La Mutualidad justificó esta suspensión en la necesidad
de adoptar medidas de reducción del gasto sobre prestaciones no
fundamentales de la Mugeju.
La
suspensión de estas dos ayudas, que según la Mugeju persistirían
en el tiempo, y a las que se podrían unir la revisión de los
requisitos de las ayudas que se conceden en materia de dependencia,
supone de por sí un ahorro mayor que el que el Gobierno de la Nación
pretendía obtener con la suspensión sólo durante el año 2013 del
subsidio por jubilación y ayuda por sepelio.
Sin
embargo el
Gobierno del PP quiere ir más lejos,
en lo que ya constituye un ataque
intolerable a los derechos de los mutualistas,
cuyas cuotas no experimentan bajada alguna pese a los continuos
recortes en nuestros derechos y salarios. El afán de este Gobierno
en recortar llega hasta el punto de proponer
la suspensión de todas las prestaciones asistenciales,
que incluyen las ayudas para que personas con minusvalías
superiores al 65 % y edad avanzada dispongan de apoyo domiciliario,
estancia en residencia o centro de día; la teleasistencia para
mayores de 70 años, la ayuda para mantenimiento y potenciación de
la capacidad residual de personas con discapacidad, para la
eliminación de barreras arquitectónicas y para medios técnicos
para la vida diaria de las personas con discapacidad y los programas
de deshabituación al alcoholismo y drogodependencia. Es decir, este
Gobierno menosprecia a los empleados públicos, en activo o
jubilados, y sus familiares que por su edad o enfermedad precisan de
ayuda adicional de la asistencia sanitaria y carecen de medios para
poder sufragársela.
Todas
estas ayudas asistenciales que el Gobierno del PP pretende suspender
están dirigidas
a atender necesidades perentorias, habitualmente de larga duración,
no asumibles por quienes carecen de rentas o ingresos suficientes
para costearlos privadamente. Su concesión está baremada a partir
de la constatación y evaluación de la concurrencia en el mutualista
de requisitos personales y sociales como la situación
socio-familiar, el nivel de dependencia, los ingresos económicos, la
edad, o variables representativas de los recursos privados como la
vivienda. Se trata, asimismo, de ayudas incompatibles con
cualesquiera otras prestaciones procedentes de entidades u organismos
públicos.
La Gerencia de la Mugeju ha informado
negativamente con fecha 26 de septiembre sobre la suspensión de
estas prestaciones asistenciales. Según la Mugeju el gasto
presupuestado para atender las prestaciones asistenciales representa,
respecto del presupuesto total de este organismo en el año en curso,
un porcentaje mínimo. La repercusión de su proyectada suspensión,
en términos financieros, no guarda proporción con el impacto que
implicaría para la atención debida a unas contingencias
particularmente apreciadas por un colectivo, el de los funcionarios
públicos, que ya han se han visto afectados de forma notable por
otras medidas de reducción del gasto, y daría posiblemente lugar a
la producción a medio o largo plazo de efectos perversos o
contraproducentes.
La
Disposición Adicional
propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
no
aparece, de momento,
entre las 65 Disposiciones Adicionales del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 presentado en el
Congreso de los Diputados el día 1 de octubre, pero eso no quiere
decir que esta disposición no se incluya en dicha Ley, sino tan sólo
que no la introdujo a tiempo. Es evidente que la estrategia del
Gobierno está siendo la de modificar sus propias normas, días o
semanas después de aprobarlas (recordamos, entre otras, la LGPE 2012
aprobada a finales de junio y enmendada por el Gobierno mediante el
RDLey de 13 de julio que nos quitó la paga extra de diciembre,
redujo los días de asuntos propios y de vacaciones, introdujo la
movilidad geográfica y redujo el salario en los casos de IT),
introduciendo más recortes con sus propias enmiendas, y de esa forma
intenta engañar a los ciudadanos haciéndonos creer que esas normas
contienen menos agresiones que las que verdaderamente está
realizando.
Para
CCOO resulta intolerable e injustificable que un Gobierno que ha dado
a fondo perdido 11.000 millones de euros a los bancos, para poder
equilibrar sus cuentas tras semejante dispendio proponga recortar
ayudas básicas y fundamentales en el desarrollo de la vida cotidiana
de quienes prestan o han prestado sus servicios al Estado y precisan
ahora de ayuda adicional, cargándose el sistema asistencial que
tantos años nos ha costado construir. Hoy
más que nunca es imprescindible la movilización masiva contra los
recortes, recortes y más recortes del Gobierno, que no van a parar
si no les obligamos los ciudadanos, Por eso, todos los
mutualistas, beneficiarios y familiares debemos hacer denuncia
expresa de esta pretensión del Gobierno, a fin de evitar que se
introduzca esta enmienda en la Ley de Presupuestos, que además pone
en riesgo el propio futuro de la Mutualidad General Judicial.
Madrid,
a 2 de octubre de 2012
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