Trabajadores del organismo
público protestaron en la capital gaditana contra una medida que supone
un nuevo paso en el desmantelamiento de lo público.
Trabajadores y trabajadoras del Registro Civil de Cádiz se han
concentrado a las puertas de este organismo contra la privatización que
entrará en vigor el próximo 15 de julio.Según explicaron, esta medida del Gobierno popular supondrá un nuevo paso en el desmantelamiento de lo público. Los Registros Civiles son los encargados de realizar las certificaciones obligatrias como las partidas de nacimiento o defunción, la del DNI, matrimonio o fe de vida, entre otras. Su privatización supone sacar un beneficio de lo público, ya que la ciudadanía tendrá que repagar a través de aranceles unos servicios que ya asumen con sus impuestos.
Hasta un centenar de empleados públicos en la provincia de Cádiz y 5.000 en toda España se verán sometidos a traslados o despidos tras la implantación de esta privatización, según ha alertado Javier Fernández, delegado sindical en Justicia de CCOO Cádiz.
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