CCOO
rechaza de nuevo la externalización de los expedientes de
nacionalidad y exige la modificación del art. 222 del Reglamento del
Registro Civil y permitir que sean los Registros Civiles los
encargados de su tramitación
CCOO
ACUSA
AL MINISTERIO DE JUSTICIA DE TENER PARALIZADA LA TRAMITACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD REMITIDOS POR
LOS REGISTROS CIVILES DESDE FINALES DE 2013, HACIENDO UNA CLARA
DEJACIÓN DE SUS COMPETENCIAS
- El Ministerio quiere firmar una nueva encomienda de gestión de los expedientes con el Colegio de Registradores de la Propiedad, lo que utilizará para justificar la privatización del Registro Civil
- El Ministerio trabaja en un expediente digital de nacionalidad, que excluirá de su tramitación a los Registros Civiles y que dejará de ser gratuito.
CCOO
acusa
al Ministerio de Justicia, que en una clara dejación de sus
funciones, tiene sin registrar y digitalizar, y, por tanto, sin
tramitar todos los expedientes de nacionalidad remitidos desde los
Registros Civiles para su resolución desde noviembre de 2013, y dota
de insuficientes medios personales y materiales a los funcionarios y
funcionarias del Ministerio de Justicia que desde el 1.1.2014 están
tramitando los expedientes de nacionalidad, creando de nuevo un
injustificable atasco en su resolución.
Desde
la encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad a los
Registradores de la Propiedad, mediante la implantación del Plan
Intensivo de Nacionalidad (en
adelante PIN)
en junio de 2012, que empezó a estar operativo a finales de ese año,
todos los Registros Civiles remiten los expedientes de nacionalidad,
una vez finalizada la fase de instrucción, al Centro de
Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad en
Madrid. En este centro se registraba el expediente, se digitalizaban
los documentos y comenzaba la tramitación encomendada a los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con la petición de
informes y propuesta de resolución de concesión o denegación al
Ministerio de Justicia, que simplemente tenía que firmar
digitalmente y se notificaba a los Registros Civiles para la jura de
nacionalidad o, en su caso, notificación de la denegación.
El
PIN acabó el 31 de diciembre de 2013,
con los resultados de todos conocidos (unos 400.000 expedientes
resueltos, incremento de denegaciones muchas de ellas de difícil
justificación, requerimiento de trámites absurdos, muchos
expedientes pendientes de resolver, fallos en las juras ante
notarios, etc). Desde entonces, y aunque los expedientes se siguen
remitiendo al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores
de Propiedad en Madrid, el personal de dicho Colegio ya no es
responsable ni de la digitalización ni de la tramitación de los
expedientes, en
contra de lo afirmado por otro sindicato, que no
echa
la culpa de la paralización actual de los expedientes al verdadero
responsable, el
Ministerio
de Justicia.
Desde
el 1.1.2014 es de nuevo el personal del Ministerio de Justicia,
compuesto por unas 70 personas, la que ha de tramitar y resolver
todos los expedientes,
es decir, los expedientes
de 2010, 2011 y 2012 que no se repartieron para tramitarse durante el
PIN, 20.000 recursos de reposición, un alto porcentaje de
expedientes de 2013, la totalidad de los expedientes de 2014 (que aún
están todos ellos sin número de expediente)... así que a día de
hoy puede haber acumulados ya otra vez una cifra cercana a 200.000
expedientes y alrededor de 20.000 recursos. La
dotación de personal del Ministerio resulta claramente insuficiente,
haciendo una clara dejación de sus funciones el Ministerio de
Justicia de no dotarse con los medios personales y materiales
necesarios para resolver en un plazo razonable las solicitudes de
adquisición de la nacionalidad española, lo que abre
la puerta a la justificación para
su
externalización y, por tanto, para su privatización.
El
problema además se ve agravado porque el
registro y digitalización de los expedientes de nacionalidad,
proceso que permite la petición de los informes y propuesta de
resolución del expediente, va
tremendamente lento,
y
en la actualidad se están registrando los expedientes remitidos en
noviembre de 2013
al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la
Propiedad en Madrid. Además, CCOO
ha podido constatar que desde
hace unos 4 meses se ha paralizado la digitalización de los
expedientes,
y desde entonces la Policía Nacional no recibe peticiones de
informes sobre la conducta y antecedentes de los solicitantes de la
nacionalidad española. Los solicitantes de nacionalidad, que al
tiempo de registrarse su expediente en Madrid tienen que recibir una
carta informando sobre su número de expediente, lo que permite su
seguimiento telemático, han dejado de recibir dichas cartas, y
llaman al teléfono de información del Ministerio de Justicia donde
les dicen que tienen que seguir esperando, y que llamen de vez en
cuando. Antes de la implantación del PIN esta carta se recibía al
mes de enviar el expediente a Madrid, hoy llevan un año de retraso.
Ante
el desastre que está creando de nuevo el Ministerio de Justicia, el
mismo que luego carga contra los Registros Civiles por el elevado
número de quejas que afirma hay sobre su funcionamiento, a pesar de
que sabe que esas afirmaciones o son mentira o son debidas
exclusivamente a la escasez de las plantillas, (ven la paja en el ojo
ajeno pero no ven la viga en el propio), sus
responsables están negociando con el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de Madrid (ahora están de nuevo bien
avenidos) la implantación de un nuevo PIN, para dar salida a los
expedientes no resueltos en el PIN anterior.
Colectivos de inmigrantes y abogados en materia de extranjería así
lo reclaman, pues están hartos de la incompetencia del Ministerio de
Justicia para resolver en un plazo adecuado sus solicitudes de
nacionalidad.
La
implantación del primer PIN fue la punta de lanza de la
privatización del Registro Civil puesta en marcha en 2012
por los entonces responsables del Ministerio de Justicia, con el
Director General de Registros y sus asesores que eran registradores a
la cabeza, y del Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles. Al efecto, debe reseñarse que la privatización del
Registro Civil y su asunción por los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles es una vieja aspiración oculta de dirigentes del Partido
Popular comandados por Mariano Rajoy: ya
en el año 2003, siendo el actual Ministro de Justicia Secretario de
Estado de Justicia, se solicitaron informes a Colegios Profesionales
sobre qué les parecía que fuesen los Registradores de la Propiedad
quienes asumieran el Registro Civil.
Afortunadamente el PP perdió las elecciones generales en marzo de
2003 y no pudo entonces llevar adelante su privatización.
La
negociación de un nuevo PIN es confirmada por el actual Director
General de Registros y del Notariado Francisco Javier Gómez Gálligo,
en un reciente artículo publicado en el diario La Ley, en que afirma
que “ en
los dos primeros años de experiencia de tales encomiendas de gestión
se despacharon más de 400.000 expedientes de nacionalidad, lo que ha
demostrado la eficiencia en la gestión llevada a cabo por los
registradores”,
buscando justificar la privatización del Registro Civil mediante su
asunción por los Registradores. El actual Director General también
es Registrador.
CCOO
rechazó, desde
el primer momento,
la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) porque a
nuestro juicio suponía externalizar la tramitación y propuesta de
resolución de los expedientes de nacionalidad, y que el mismo o
mejor resultado se habría obtenido si mediante la modificación del
art. 222 del Reglamento del Registro Civil se permitía a los
Registros Civiles instructores del expediente la petición de los
informes a Policía Nacional y demás, elevando propuesta de
resolución para su firma digital por el Director General de los
Registros y del Notariado.
De esta forma
los expedientes no habrían salido de los Registros Civiles y no
habría habido la gran cantidad de problemas derivados de la
tramitación del PIN por personas desconocedoras de esta materia.
Además, y desgraciadamente, se utiliza también el PIN para
justificar la privatización del Registro Civil y su asunción por
los Registradores Mercantiles, cuando es obvio que el Ministerio de
Justicia no dota de medios para esta tarea con la clara intención de
provocar esa privatización (es inaceptable, y de una hipocresía
insoportable, la dotación que pone el Ministerio de Justicia para
hacer ahora todo el trabajo de los expedientes de nacionalidad, tan
solo 70 funcionarios del Ministerio).
Pero
es que además
el Ministerio de Justicia está
trabajando en una tramitación completamente novedosa de los
Expedientes de Nacionalidad, de forma electrónica y que excluye a
los Registros Civiles de su tramitación, pues se hará ante los
Notarios incluida la jura de nacionalidad.
Compartiendo que se modernice y mejore la tramitación de los
expedientes de nacionalidad, para CCOO
resulta paradójico y constituye
un claro ejemplo de privatización de servicios públicos que sean
los Notarios,
a los que habrá que pagar el correspondiente arancel por cada
actuación, quienes se hagan cargo de la tramitación de los
expedientes de nacionalidad a través de una plataforma electrónica
y de las juras de nacionalidad. Esta nueva forma de tramitación de
los expedientes de nacionalidad, que el Ministerio de Justicia quiere
meter con calzador en el proyecto de ley de concesión a la
nacionalidad española a los serfardíes, empezaría en abril de
2015.
Todo
lo anterior demuestra
claramente la incompetencia del Ministerio de Justicia para hacer
frente a sus responsabilidades, y que la única solución que
encuentran a los problemas de los expedientes de nacionalidad creados
por su desidia y falta de dotación de los medios adecuados para su
tramitación es la externalización y privatización de estos
trámites.
Los actuales Registros Civiles, con la misma plataforma electrónica
que se va a poner a disposición de operadores privados como son los
Notarios, podríamos realizar el trabajo de forma más barata y más
eficaz para los ciudadanos, pero el
Ministerio de Justicia se quiere quitar de encima a los actuales
Registros Civiles y buscará
cualquier justificación para entregárselo a los Registradores, a
pesar de que sabe que al hacerlo está actuando en claro conflicto de
intereses y adoptando decisiones que huelen a presunta corrupción
política.
Madrid,
a 5 de enero de 2015
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