Ayer, 20 de noviembre, se cumplían dos años desde la
aprobación por el Gobierno de la ley de tasas judiciales, ley que abría
el ataque del Gobierno del Partido Popular al conjunto de la ciudadanía
para restringir de forma muy severa el acceso a la tutela judicial
efectiva de la inmensa mayoría de la población.
No
ha sido un ataque aislado. Siguió el Gobierno atacando los derechos, y,
entre otras gravísimas actuaciones, meses después formalizó la
privatización del Registro Civil. Privatización que vamos a parar.
Ayer
se celebraron numerosos actos de protesta contra la ley de Tasas
Judiciales, convocados por diferentes asociaciones y colectivos,
volviendo a exigir su derogación.
En
Madrid, entre otros actos de protesta, el 20 de noviembre, la
Confederación Española de Abogados Jóvenes convocó una concentración
ante el Ministerio de Justicia para exigir la derogación de la Ley de
Tasas, concentración que ha sido apoyada por el Sector de la
Administración de Justicia de CCOO .
Algunos
voceros emitían juicios junto a Gallardón (el siniestro ministro de
Justicia que ha pretendido en los casi tres años de su paso por el
Ministerio de Justicia, cargarse y desmantelar la Administración de
Justicia) y el Gobierno, de que la Ley de Tasas Judiciales nacía con la
única intención de eliminar la litigiosidad innecesaria.
Estos
voceros del Gobierno o afines a él, eran aquellos que apoyan
sistemáticamente el derecho de los más poderosos a mantener sus
privilegios, amparados por los mismos que amparan a los corruptos, pero
que manifestaban a la vez que todos los derechos y libertades no se
podía extender al conjunto de la población de nuestro país y que no se
podía aplicar de forma efectiva. Porque no estaban dispuestos a aceptar
que se debe cumplir la máxima de que nos encontramos en un Estado
democrático y de derecho y no en una vergonzosa situación de
desmantelamiento de los servicios públicos, que son los que permiten el
acceso en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Pues
dos años después, los hechos demuestran las mentiras del Gobierno: la
ley de tasas judiciales ha impedido a más del 30% de la población
acceder a la Administración de Justicia para defender sus derechos y sus
legítimas reclamaciones. Y a una gran mayoría de personas le ha
dificultado de forma enorme ese acceso, viéndose obligados en muchísimos
casos, si querían acceder a la Administración de Justicia, a renunciar a
otros gastos imprescindibles.
Porque
el único objetivo de esta injusta Ley de Tasas Judiciales ha sido, por
un lado recaudar y engrosar las arcas del Estado, sin que este dinero
sirviera tampoco para mejorar los servicios públicos (los datos de una
recaudación de al menos más de 500 millones de euros atestigua lo que de
verdad está ocurriendo) mientras al mismo tiempo cientos de miles de
ciudadanos y ciudadanas son excluidos en la defensa de los suyos, porque
no pueden pagar tasas judiciales.
No
nos sirven las palabras huecas de Catalá, que ha afirmado que si
estudio del impacto de la ley de Tasas Judiciales demuestra que impide
el acceso a la tutela judicial efectiva, la modificará.
Ministro Catalá: No nos valen las buenas palabras. EXIGIMOS LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES.
TODAS
LAS PERSONAS FÍSICAS DEBEN ESTAR EXENTAS DE PAGAR TASAS JUDICIALES EN
CUALQUIER ACTUACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Ministro Catalá: DEJE SIN EFECTO LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Señor
ministro: el tiempo pasa y las buenas palabras deben convertirse en
hechos. De lo contrario, la confrontación con el conjunto de la sociedad
estará servida de nuevo.
CCOONTRA LAS TASAS pic.twitter.com/6PWOZIPzac
— SAJ Astur - Juanjo (@Jjazcano) noviembre 20, 2014
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