Según
se publicó ayer en determinados medios de comunicación, el Director
General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez
Hernández, Registrador Mercantil de Zaragoza y uno de los máximos
impulsores y responsables de la privatización del Registro Civil,
habría dimitido. A su dimisión, que posiblemente formalizará en
los próximos días, habría que sumar la del Subdirector General de
Registros, Javier Vallejo, Registrador de la Propiedad de Avilés, y
los registradores que estaban en comisión de servicio como letrados
de la DGRN a su servicio.
Los
motivos de la dimisión parecen claros:
tras la caída de Ruiz Gallardón, y el informe negativo del Consejo
de Estado al anteproyecto de Real Decreto por el que se creaba la
Corporación de Derecho Público establecida en la Disposición
Adicional 23 del Real Decreto Ley 8/2014, que se iba a encargar de
gestionar la contratación del sistema informático único
y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro
Civil y su red de comunicaciones y su posterior gestión,
mantenimiento, conservación y actualización, el
nuevo Ministro de Justicia decide incumplir lo dispuesto en el citado
Real Decreto Ley, hoy Ley 18/2014, y anuncia que no se va a crear la
citada Corporación.
Dicho
Anteproyecto de Real Decreto, del que sin duda alguna tenía
conocimiento Rajoy y que fue
tachado de
inconstitucional por el Consejo de Estado,
pone claramente de
manifiesto cuál era la intención de Rajoy y su entorno:
aprovechar la privatización del Registro Civil para implantar
y controlar un nuevo sistema registral en España
que incluyera el registro civil, el de la propiedad, el mercantil y
el de bienes muebles, en formato electrónico y al margen del Colegio
de Registradores, al que paulatinamente vaciarían de competencias,
con grandes posibilidades de
hacer negocio adicional por medio de empresas participadas por
Registradores mediante la oferta de un programa informático
específico para su implementación.
Acuciado
por las duras críticas desde sectores jurídicos muy cualificados,
al parecer Rajoy aprovechó la dimisión de Gallardón y decidió dar
marcha atrás en la creación de la Corporación, para centrarse
en su objetivo principal: privatizar el Registro Civil, asumiéndolo
los Registradores, y de esta forma consolidar su posición (y sus
beneficios) en el tráfico jurídico a medio plazo, hoy cuestionado
por la Unión Europea.
Consecuentemente Rajoy habría dado orden al nuevo Ministro para que
buscara la paz con el Colegio de Registradores, y consolide el
proyecto, aunque ello suponga desairar al Director General de los
Registros y del Notariado, puesto en el cargo por Rajoy y su entorno.
Rajoy es un especialista en dejar atrás a los suyos para que nada
altere su beneficio propio, ya lo hizo con Gallardón. Rajoy,
acuciado por los escándalos en su partido, no quiere tener un frente
abierto con el propio colectivo al que pertenece que pueda poner en
riesgo su proyecto personal estrella.
Por
todo ello, el nuevo Ministro
de Justicia anunció que
abandonaba la idea de la Corporación y que va a constituir una
Comisión Mixta con el Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles para estudiar cómo pueden éstos gestionar el Registro
Civil, garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los
ciudadanos y la titularidad estatal de los datos registrales y su
máxima protección. O lo que es lo mismo, negocia
una fuente de financiación propia y suficiente del Registro Civil
para que el Colegio de Registradores colabore y no se oponga a su
asunción, vinculada seguramente al pago de una tasa o arancel a toda
Administración o Notario que acceda a la base de datos de Registro
Civil, imponiendo a todos
los operadores jurídicos la necesidad de realizar consultas de los
asientos del Registro Civil antes de formalizar cualquier operación
civil, inmobiliaria o mercantil. Con lo que al
final todos sufragaremos los costes de la privatización.
Todo
ello supone la modificación de la hoja de ruta que hasta el momento
desarrollaba la Dirección General de los Registros y del Notariado,
bajo la dirección de Joaquín Rodríguez Hernández, que aunque
inicialmente fue ratificado en el puesto, habría presentado su
dimisión junto con todo su equipo.
Para CCOO esta dimisión y el bodrio del Anteproyecto de Real Decreto de creación de la Corporación de Derecho Público para gestionar el Registro Civil inicialmente, y luego todo el sistema registral español, significa la demostración palpable de que fueron intereses espurios y nada que ver con la mejora del servicio público los que dieron lugar a la escandalosa decisión de proceder a la privatización de los Registros Civiles, decisión amparada y auspiciada en la posición del propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy, del anterior ministro de Justicia Gallardón y de todo un equipo dentro de la Dirección General de los Registros y del Notariado que eran los peones encargados de llevarla a cabo para dejarla en manos privadas, ampliando el negocio con la posible contratación de empresas informáticas de alguna forma vinculadas a ellos.
El
Director General dimitido fue uno de los que CCOO (único
sindicato) denunció en la vía penal ante la Fiscalía General del
Estado por no haberse inhibido en la toma de decisión de la
privatización del Registro Civil, junto al exministro Gallardón y
el presidente del Gobierno, y por supuestos conflicto de intereses,
denuncia que sigue sus trámites legales.
Pero
la batalla no ha terminado:
la dimisión de Ruiz Gallardón, del Director General de los
Registros y del Notariado y de su equipo, sólo supone la
paralización de una forma escandalosa de privatizar el registro
civil, pues contaba con la oposición del Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles al que pertenecen los beneficiarios de
dicha privatización. Ahora Rajoy y Calatá buscan que en el proyecto
de privatización del Registro Civil trabajen junta y coordinadamente
Ministerio de Justicia y Colegio de Registradores, para llevarlo a
buen puerto. Pero el
objetivo sigue siendo el mismo: privatizar un servicio público,
pasando a manos privadas que harán del mismo un negocio.
CCOO nunca
ha cesado en la exigencia de que el Registro Civil siga siendo un
servicio público servido por funcionarios y funcionarias de la
Administración de Justicia, y así se los transmitimos al ministro
Catalá en la reunión mantenida la semana pasada y así seguiremos
haciéndolo con las medidas de presión que correspondan. CCOO
no va a detenerse en las acciones que sean necesarias para detener
esta privatización de un servicio público fundamental y así salvar
los derechos de millones de personas.
Mientras no logremos acabar con la decisión de este gobierno, que ya
no puede esconder los múltiples escándalos que le rodean, no
habremos logrado el objetivo: LOGRAR
DETENER DEFINITIVAMENTE ESTA PRIVATIZACIÓN Y MANTENER DENTRO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EL REGISTRO CIVIL.
Al
efecto CCOO
va a impulsar en próximas fechas más acciones y contundentes para
detener esta privatización, que anunciaremos en breve.
RELACIONADA.
La guerra de los registradores se lleva por delante al director general que les endosó el Registro Civil http://t.co/u8G71Km2qH @_infoLibre
— CCOO Justicia (@ccoojusticia) octubre 28, 2014
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