CCOO
SIGUE LUCHANDO PARA INTENTAR QUE SE DEROGE LA PRIVATIZACION DEL
REGISTRO CIVIL Y LOGRAR QUE EL TEXTO DE LA LOPJ GARANTICE LOS PUESTOS
DE TRABAJO Y LOS DERECHOS LABORALES Y RETRIBUTIVOS DE LOS
FUNCIONARIOS/AS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Las
reformas que el Gobierno está pretendiendo imponer en la
Administración de Justicia tienen el mismo objetivo que las medidas
que ha venido adoptando en otros servicios públicos, como la sanidad
o la educación, recortar derechos sociales y laborales.
La
privatización del Registro Civil y la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, supondrán la pérdida de miles de puestos de
trabajo, un duro retroceso en los derechos laborales y retributivos
de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia,
además de añadir nuevos impedimentos a la ciudadanía para el
acceso a la Justicia. Todas estas reformas, y sus objetivos, están
incluidas en el Plan Nacional de reformas que el Gobierno del PP ha
remitido a Bruselas para el periodo 2015-2017 y para CCOO
es fundamental conseguir el mayor consenso posible para luchar contra
todas estas reformas cuyo objetivo final no es otro que lar el
servicio público de la Administración de Justicia.
Al mismo tiempo, la Consejería de Justicia de la
Junta de Andalucía está pretendiendo imponer la Nueva Oficina
Judicial y Fiscal y un plan de reordenación de efectivos, sin
garantizar las retribuciones, ni el centro de destino, ni la
totalidad de los puestos de trabajo.
PARA
CCOO
EXISTEN RAZONES MÁS QUE SUFICIENTES PARA CONVOCAR UNA HUELGA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
- La privatización del Registro Civil supone una agresión al servicio público que convierte en un negocio privado la realización de actos obligatorios para la ciudadanía, además supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia.
- La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de nuevo incide en el deterioro del servicio público al eliminar cientos de Partidos Judiciales, que inevitablemente conllevará la desaparición de cientos de órganos judiciales y al establecer la desaparición de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Juzgados de Paz. Además privatiza los actos de comunicación y ejecución que adjudica a los Procuradores, a los que, también, les atribuye la condición de agentes de la autoridad; crea las condiciones y establece los mecanismos para destruir miles de puestos de trabajo y modificar radicalmente las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia además de suponer un duro ataque a los derechos laborales y retributivos.
- La firma de un preacuerdo por tres organizaciones sindicales cuya ambigüa redacción no garantiza el servicio público, ni el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, ni los derechos laborales y retributivos del personal de la Administración de Justicia. Por eso, CCOO no firmó dicho preacuerdo, y presentó al Ministerio de Justicia, tanto en la mesa sectorial del 10 de julio, como de manera reiterada en escritos y cartas posteriores remitidas al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, una propuesta alternativa que recogía la redacción precisa que sí garantiza esos derechos, reiterando, además, la necesidad de continuar con la negociación en la mesa sectorial.
- La implantación de la Oficina Judicial y Fiscal y la reordenación de efectivos en Andalucía que se intenta imponer sin garantizar los puestos de trabajo, ni las retribuciones y forzando a procesos de movilidad funcional y geográfica forzosa. En su propuesta de RPT para la NOJ en El Ejido y Vélez-Málaga, la Consejería de Justicia ha propuesto la eliminación de los complementos de Violencia sobre la Mujer y del Servicio Común del Partido Judicial, reduciendo así las retribuciones de muchos compañeros; y esas localidades servirán de base para la implantación de la NOJ en toda Andalucía. Asimismo, la Consejería de Justicia ha presentado un proyecto de reordenación de efectivos que reduce el número total de puestos de trabajo en Andalucía y que obligará a muchos funcionarios a cambiar de destino, incluso a distinta localidad.
Por
todo esto CCOO
llama a los trabajadores y a las trabajadoras de la Administración
de Justicia y a cualquier organización del ámbito de esta
Administración y a la ciudadanía a secundar la jornada
de huelga convocada por CCOO
para el próximo día 8 de octubre en toda la Administración de
Justicia de España
para defender el servicio público, contra la privatización del
Registro Civil y contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Y
en Andalucía, también contra la implantación de la Nueva Oficina
Judicial y Fiscal y contra la reordenación de efectivos sin
garantías para el empleo, para las retribuciones y contra la
movilidad forzosa.
¡¡DEFENDAMOS
NUESTROS DERECHOS!!
¡¡DEFENDAMOS
EL SERVICIO
PÚBLICO
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA!!
¡¡HAY
QUE PARAR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN!!
LUCHEMOS
PARA DARLE LA VUELTA
EMPLEA TU FUERZA,
NO
LO DUDES, MOVILÍZATE Y LUCHA!!
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