El
Ministerio de Justicia remite un nuevo texto de la reforma de la
LOPJ, sin recoger ninguna de las alegaciones fundamentales que ha
presentado CCOO
(tampoco
las del resto de sindicatos)
en las reuniones del grupo de trabajo, y convoca mesa sectorial para
el 10 de julio.
CCOO
LLAMA A PREPARARSE PARA LA MOVILIZACIÓN MÁS CONTUNDENTE CONTRA LA
REFORMA DE LA LOPJ Y CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS
CIVILES Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE MÁS DE 45.000
TRABAJADORES/AS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
LA
RESPUESTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA A LAS ALEGACIONES DE LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES CONFIRMA LO QUE CCOO
DENUNCIABA EN SOLITARIO: QUE “LOS GRUPOS DE TRABAJO” ERAN UNA
SIMPLE PANTOMIMA, Y QUE CONSTITUÍAN UNA TRAMPA DE LA ADMINISTRACIÓN
PARA GANAR TIEMPO Y ASÍ NO INCLUIR NINGUNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ
Madrid
a 2 de julio de 2014
El
Ministerio de Justicia confirma las peores previsiones que CCOO
había advertido a los trabajadores/as y al resto de organizaciones
sindicales: las reuniones del grupo de trabajo de la nueva LOPJ no
han servido más que para un aparente proceso negociador en el que el
Ministerio ha confirmado, con el texto que hoy nos envía, el
gravísimo ataque a los derechos de los trabajadores que su propuesta
supone.
NO
ha sido aceptada ninguna de las más de cien propuestas que CCOO
(tampoco las de los demás sindicatos) habíamos realizado para
modificar el anteproyecto de reforma de la LOPJ.
En
la inaceptable respuesta a las alegaciones de las organizaciones
sindicales, el Ministerio ha convocado, en el mismo correo, la Mesa
Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia para el
próximo día 10 de Julio, junto al texto de las ridículas
modificaciones (en contenido y cantidad) que van a hacer al
anteproyecto de reforma de la LOPJ, en
el que se mantiene:
- la desaparición de todos los partidos judiciales, de todas las Audiencias Provinciales y de todos los Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz;
- el texto de la reforma de la LOPJ persiste en la posibilidad de imponer la movilidad funcional y geográfica forzosa a todo el personal de la Administración de Justicia;
- no hay ninguna referencia al mantenimiento de las retribuciones que actualmente cobramos; por tanto, una vez aprobada la LOPJ con este texto, no están aseguradas todas las retribuciones actuales;
- el texto mantiene la posibilidad manifiesta de proceder a una reducción drástica del número de puestos de trabajo, mediante amortizaciones;
- el Ministerio persiste en la falta de garantía para las convocatorias de ofertas de empleo público anuales y con todas las plazas;
- insiste Gallardón en la privatización de los actos de comunicación y ejecución, entregándolos a los procuradores, a los que mantiene como agentes de la autoridad, lo que constituye además una burla para el personal de la Administración de Justicia;
- el Ministerio impone la arbitrariedad para realizar el nombramiento o no de personal interino;
- siguen sin regularse los criterios objetivos para las sustituciones y las comisiones de servicio;
- se mantiene la rebaja al 30% de plazas para promoción interna,
- se insiste en que se pueda cesar y expulsar de la bolsa de personal interino a los compañeros/as a los que se les instruya un procedimiento disciplinario en el que se les proponga acusación por falta grave o muy grave, sabiendo el Ministerio que por falta grave se instruyen decenas de procedimientos disciplinarios en los que la acusación carece de pruebas fiables.
Estas
solo son algunos de los contenidos inaceptables que se mantienen, a
pesar de las propuestas que no han sido aceptadas, entre las decenas
de enmiendas que CCOO
ha presentado. Pues insistimos, el Ministerio no ha tenido en cuenta
ninguna de las propuestas que modifican el texto de forma sustancial
en las cuestiones relevantes de la reforma.
EL
MINISTERIO DE JUSTICIA MANTIENE QUE EL CENTRO DE DESTINO SERÁ LA
PROVINCIA,
Y QUE AÑADA COMO CENTRO DE DESTINO ÚNICAMENTE
LAS SEDES DESPLAZADAS DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES DE INSTANCIA ES
UNA BURLA, YA QUE EL PROPIO ANTEPROYECTO LAS CONSIDERA EXCEPCIONALES
Y ADEMÁS SOLO SE CREARÁN SI
SE CUMPLEN NUEVE CONDICIONES INTERRELACIONADAS.
MANTIENE
LA DESAPARICIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES ACTUALES, DE TODAS
LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES Y DE TODOS LOS JUZGADOS Y AGRUPACIONES DE
JUZGADOS DE PAZ.
El
Ministerio de Justicia, a pesar de la frontal oposición de CCOO
y de otros sindicatos, mantiene también los Planes de Ordenación de
Recursos Humanos que les permitirían reducir y reordenar a su antojo
las plantillas, e incluso la supresión de cientos de puestos de
trabajo.
La
Administración ha apuntado una modificación ficticia en los centros
de destino ya que, manteniendo
como único centro de destino todas la UPADs o todos los servicios
comunes de una provincia,
plantea la posibilidad de que se consideren centros de destino
también las sedes desplazadas de los Tribunales Provinciales de
Instancia (“conjunto
de servicios comunes procesales y conjunto de unidades de apoyo
directo que radiquen en sedes desplazadas”,
según el texto que envían).
Dado que solo excepcionalmente (deben conjugarse nueve condiciones
recogidas en el propio proyecto de LOPJ) se mantendrán abiertas
sedes judiciales desplazadas en muy pocas localidades distintas de la
capital de provincia, la inmensa mayoría del personal que
actualmente está destinado en las sedes de todos los partidos
judiciales que desparezcan y en todos los Juzgados de Paz y
Agrupaciones de Juzgados de Paz, podrán ser obligados a trasladarse
de forma forzosa, además de que dentro de esa sede podrán ser
trasladados a otra UPAD o a otro Servicio Común también
forzosamente.
La
postura del Ministerio de Justicia ha sido desde el principio de una
absoluta tomadura de pelo a los trabajadores/as, que CCOO
ya había denunciado en solitario en reiteradas ocasiones y en las
propias mesas de trabajo, sin apoyo de algunos sindicatos,
constituyendo esta propuesta que nos traslada la Administración una
clara provocación que nos aboca a una respuesta de la máxima
contundencia si el Ministerio no rectifica claramente sus posiciones.
La
agresión sin precedentes que para el personal de la Administración
de Justicia supone esta propuesta de LOPJ, sumada a la anunciada
privatización de los Registros Civiles expuesta por Gallardón el
pasado 24 de junio en el Senado, deja
clara la posición del Ministerio de Justicia de que lo que pretende
es el desmantelamiento de este servicio público.
Además, la reforma de la LOPJ es un ataque sin precedentes contra
los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, que solo nos deja la
salida de la máxima confrontación, con toda la rotundidad que
merece tan grave atentado y a la que deben sumarse sin falta el resto
de organizaciones sindicales.
¡¡
HAY QUE PARAR
LAS REFORMAS DE
GALLARDÓN,NO
ESPERAR A
SUFRIR SUS CONSECUENCIAS!!
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