CCOO
DENUNCIA que el ministro de Justicia miente cuando afirma que la
privatización de los registros civiles se realiza “para
frenar lo actuales problemas existentes”,
sin asumir su exclusiva responsabilidad a la que les ha abocado
intencionadamente.
Madrid
a 25 de junio de 2014
Protesta ante el Miisterio contra la privatización |
Con
argumentos que buscan confundir y engañar a la opinión pública, el
ministro de Justicia ha desvelado en el Senado que finalmente serán
los Registradores Mercantiles quienes se harán cargo de la gestión
de los Registros Civiles,
tal y como CCOO
ha venido denunciando desde hace meses que se estaba gestando,
privatizando
con ello un servicio público esencial,
por más que las inscripciones y las certificaciones puedan seguir
siendo gratuitas (de momento y si fuera verdad). Simultáneamente al
anuncio del Ministro la página web del Ministerio de Justicia ha
publicado una nota de prensa tratando de justificar por qué el
Registro Civil va a ser asumido por los Registradores Mercantiles.
Con
este anuncio el
Ministro de
Justicia
acaba con el paripé de alegar que la decisión de la atribución de
la gestión del Registro Civil no estaba tomada, pues desde el
principio ha querido sacarlo de las Administraciones públicas y
entregarlo a manos y gestión privadas,
como finalmente va a hacer. Una vez más, el personal de la
Administración de Justicia nos sentimos estafados con este Ministro,
quien intenta engalanar con su verborrea lo que es la privatización
de un servicio público esencial, que será sufragado por todos los
ciudadanos en beneficio de funcionarios que harán propios los
beneficios derivados de la gestión de un servicio público. Los
argumentos del Ministerio de Justicia son falaces y caen por su
propio peso, y sólo buscan justificarse ante las previsibles
críticas que van a recibir por privatizar un servicio público
esencial.
Los
Registradores
Mercantiles
son funcionarios públicos, sí, porque acceden a la carrera por
oposición, pero ejercen
su función pública en régimen de gestión privada, cobrando
directamente a los ciudadanos
que tienen que acudir a ellos para cualquier servicio relacionado con
sus empresas, lo que les garantiza unos ingresos
a costa de todos los ciudadanos superiores en mucho que el mejor
pagado de los funcionarios públicos de España.
Mientras la gran mayoría de funcionarios cobramos con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado y nuestras retribuciones son objeto
de recortes y congelación salarial, los Registradores Mercantiles
hacen propios los cuantiosos beneficios que obtienen por inscribir
actos en el Registro Mercantil, por el que tienen que pasar
obligatoriamente todas las empresas para cualquier acto con mínima
relevancia jurídica, enriqueciéndose a costa de todos los
ciudadanos. Si
son funcionarios públicos, que cobren nómina con recortes como
todos, y que los beneficios de su actividad pública vayan a las
arcas del estado y no a sus bolsillos.
Además,
el Ministro de Justicia “omite” que el
personal que trabaja en las oficinas de los registros mercantiles no
son funcionarios públicos,
sino
personas contratadas (y despedidas) directamente, sin concurso
público alguno, por el Registrador de turno,
por lo que no
les son de aplicación las obligaciones y deberes que les son de
aplicación a todos los funcionarios públicos.
Estas personas contratadas, y por tanto con riesgo de perder su
empleo si no obedecen fielmente las órdenes de los registradores,
son quienes principalmente van a manejar los datos personales de
millones de personas. Y no es lo mismo manejar datos impersonales de
empresas y sociedades que los datos personales de todos los
ciudadanos.
La
plataforma electrónica
que dice el Ministerio que desarrollarán los Registradores
Mercantiles, supuestamente de titularidad pública y no constará un
euro a los ciudadanos por ser enteramente sufragada por dichos
Registradores, no
es sino un desarrollo de las actuales aplicaciones informáticas de
Registro Civil ya pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos.
Además la
creación de plataformas para la realización de trámites
electrónicos es obligación de toda administración: no hay más que
ver el Catastro, la Seguridad Social o Hacienda.
La
interoperabilidad entre Administraciones
que permitirá supuestamente el nuevo sistema informático, de forma
que el 85% de las certificaciones que se expiden actualmente en el
Registro Civil sean innecesarias y se evite que el ciudadano tenga
que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites, ya
es posible y
sólo precisa de una mínima modificación del programa Inforeg que
el Ministerio de Justicia no ha querido acometer
para que desde cualquier Registro Civil se puedan expedir
certificaciones de inscripciones practicadas en otros registros o
desde cualquier administración acceder a la base de datos del
Registro Civil. Si el Ministerio de Justicia no lo ha querido hacer
ha sido sólo para justificar con ello el traspaso del Registro Civil
a los Registradores Mercantiles con las supuestas ventajas que todos
obtendremos.
El
Ministerio de Justicia sabe perfectamente que no
tiene nada que ver la llevanza de registros de personas jurídicas (y
no de todas, sólo de las que tienen objeto mercantil)
con la de los registros de las personas físicas,
de la misma forma que no es lo mismo el Código Mercantil que el
Civil y la legislación foral, la publicidad de una empresa que la de
una filiación adoptiva o una incapacidad, o la inscripción de un
cambio de administrador con el nacimiento de un niño.
Tampoco
cabe justificar la atribución del Registro Civil a los registradores
mercantiles en que se
busca frenar los problemas que plantean los registros civiles
(largas colas, citas previas para tramitar expedientes dentro de
varios años, etc), porque
ello es culpa directa del Ministerio de Justicia y de algunas de las
Comunidades con competencias en materia de Administración de
Justicia, que no han puesto ni ponen a disposición de los Registros
Civiles los medios personales y materiales necesarios para el
adecuado funcionamiento de las oficinas del Registro Civil
pese al elevado incremento de la población extranjera en España
desde el año 2000. El Ministerio de Justicia actúa como si no
tuviese culpa alguna en los problemas actuales de los Registros
Civiles, tal y como ya hizo cuando encomendó a los Registradores de
la Propiedad la gestión de las tareas que en los expedientes de
nacionalidad correspondían al Ministerio de Justicia y que daban
lugar a años de espera en su resolución.
Por cierto, siguen existiendo miles de expedientes de nacionalidad
presentados hace más de dos años sin resolver, lo que demuestra
que la encomienda de una gestión pública a los Registradores (en
este caso de la Propiedad) no son una solución para afrontar las
carencias de medios de las Administraciones públicas para prestar
los servicios públicos a que está obligada.
El
Ministerio de Justicia insiste en la gratuidad tanto de las
inscripciones como de las certificaciones que se realicen, pero nada
dice de los expedientes de Registro Civil y de aquellas otras
actuaciones complementarias para la creación de actos del Registro
civil (reconocimientos, declaraciones sobre nombre y apellidos,
vecindad civil o nacionalidad, etc), por los que habrá que pagar.
De hecho, el
Ministerio de Justicia ya ha dicho que se va a cobrar una tasa para
la tramitación de los expedientes de nacionalidad, y que los
notarios tramitarán éstos así como los expedientes de matrimonio
civil,
los que suponen el mayor número de expedientes de los Registros
Civiles. Además, ¿quién asegura que en 6 meses, 1 año ó 2, en
una Ley de Presupuestos u otra no se establezcan tasas por
inscripción o certificado? De lo que no
cabe duda alguna es que actuaciones que hoy son gratuitas mañana
habrá que pagarlas,
y que los
Registradores Mercantiles verán financiada su actividad relativa a
los Registros Civiles
(locales, personal, equipamiento informático, etc) directa
o indirectamente por todos los ciudadanos,
sin que les cueste un euro la gestión del Registro Civil, en
beneficio de los bolsillos de los Registradores Mercantiles que harán
suyas las posibles ganancias, como ya hacen respecto del Registro
Mercantil.
También
confunde el Ministerio cuando afirma que con su reforma se
garantizará que haya una oficina en cada capital de provincia. Ahora
desparecerán
todas las oficinas registrales de las localidades que no sean
capitales de provincia, sin que sea solución acudir al notario de la
localidad (donde lo haya, y al que habrá que pagar) o en las
oficinas del Juzgado de Paz, que
Gallardón suprime en su proyecto de la LOPJ.
Por
último, desaparecerán
miles de puestos de trabajo a corto plazo. Los interinos, como ocupan
plazas vacantes, serán despedidos,
más pronto que tarde. Los
titulares serán reordenados forzosamente,
y
paulatinamente
se irán suprimiendo todas las plazas de la Administración de
Justicia hoy dedicadas total o parcialmente a tareas de Registro
Civil.
SI
ESTO NO ES UNA ESTAFA…………..
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