FSC-CCOO se reunió, el 18 de marzo, con el Grupo Parlamentario Popular
para trasladarle su oposición a la privatización de los registros
civiles, que supondría perder un servicio público, universal y gratuito,
así como la puesta en peligro de más de 5.000 empleos públicos y el
cierre de agrupaciones y juzgados de paz. El Grupo Popular afirmó que la
propuesta les parecía razonable y se comprometió a trasladarla al
Ministerio de Justicia.
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