Hemos leido, en la pagina de la Consejería de Justicia e Interior:
El personal de Justicia equipara sus complementos por bajas temporales a los de la Administración General de la Junta (25/06/2013)
El personal de la Administración de Justicia en Andalucía percibirá los mismos complementos que el resto de los funcionarios de la Junta
por situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo,
riesgo en lactancia natural, maternidad, paternidad, adopción y
acogimiento. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que hace
posible esta equiparación y que permitirá a los empleados de la Justicia alcanzar el cien por cien de sus retribuciones en los mismos términos y supuestos reconocidos para la Administración General de la Junta.
Con
esta regulación se pretende hacer efectivo el principio de igualdad en
un doble sentido, ya que se equiparan las distintas categorías de
personal al servicio de la Administración
de Justicia poniendo fin a la diferencia retributiva entre funcionarios
de carreras e interinos en situación de incapacidad temporal y se
equiparan funcionarios e interinos de Justicia con los que prestan
servicio en la Administración General de la Junta.
La
norma, negociada con las organizaciones sindicales y con el informe
favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), beneficia al
personal funcionario de los cuerpos de Médicos Forenses; Gestión
Procesal y Administrativa; Tramitación Procesal y Administrativa, y
Auxilio Judicial, tanto los pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social como al mutualismo administrativo.
La Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica
del Poder Judicial, establece las prestaciones económicas que perciben
los funcionarios de Justicia en situación de incapacidad temporal y
habilita a las comunidades autónomas para establecer los supuestos en
los que se abonará el cien por cien de las retribuciones desde el primer
día de baja.
El decreto aprobado hoy plasma esta atribución de la Junta
en una equiparación a la normativa vigente en su Administración
General, garantizando así la igualdad de trato entre las distintas
clases de empleados públicos.
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