Ante
las mentiras de Rajoy y Gallardón que ocultan sus verdaderos
objetivos y sus ocultos intereses en la privatización de los
Registros Civiles
LAS
VERDADES DEL PROYECTO DE PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
El
Anteproyecto de Ley
por el cual se atribuye la llevanza del Registro Civil a los
registradores de la Propiedad es
una reclamación no compartida mayoritariamente por los
registradores,
sino que obedece a un proyecto de un grupo que controla en estos
momentos el Colegio de Registradores y la DGRN, encabezado por el Sr.
Director y Subdirector de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, que son a su vez Registradores de la Propiedad.
Estos señores, con el beneplácito e impulso de Rajoy que fue quien
impuso a Gallardón su nombramiento, pretenden utilizar
el servicio público del Registro Civil para apalancar una
determinada posición institucional en el tráfico jurídico en
beneficio particular, ante la posible liberalización de los
servicios de los registradores de la propiedad impuesta por la Unión
Europea. En
pocas palabras, el Gobierno busca asegurar el negocio de los
Registradores de la Propiedad,
atribuyéndoles no sólo el registro civil, sino también, además de
los registros de la propiedad, mercantiles y bienes muebles que ya
tienen atribuidos, los de contratos de seguros con cobertura en caso
de fallecimiento, el de fundaciones de ámbito estatal y el de actos
de última voluntad. El
Colegio de Registradores de España se convertiría de esta forma en
el Gran Hermano registral al que habrá que pagar desde que se nace
hasta que se muere.
La
posible atribución del servicio del Registro Civil a los
registradores de la propiedad está causando graves discrepancias
dentro de este colectivo.
Tras reunir más de 300 firmas, los
registradores que se oponen a este proyecto han forzado la
celebración de una
Asamblea General del Colegio de Registradores de la propiedad, la
tercera vez que se convoca en su historia, y que tendrá lugar en
Zaragoza entre los días 16 y 18 de abril.
Estos registradores afirman que
el Ministerio de Justicia, “con
la excusa del Registro Civil se carga el sistema registral español”.
Aseguran que “la
gran mentira es decir que esto es lo que queremos los registradores
cuando no es así”.
Insisten en que el nuevo modelo hará que la seguridad jurídica se
vea muy perjudicada a largo plazo y denuncian la inexistencia de una
memoria económica que acompañe a la ley y que explique cómo
esperan sostener el sistema, ya que aseguran que desde el Ministerio
les han informado de que el Registro Civil seguirá siendo gratuito
para los ciudadanos.
El
Ministerio de Justicia niega que exista “privatización” del
Registro Civil, pues afirma que si se ve desde una perspectiva
jurídica se cambia a unos funcionarios por otros, por lo que no hay
privatización. Pero si
se contempla desde una perspectiva económica el
servicio
público del Registro Civil pasa de ser satisfecho con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado a ser sufragado por los usuarios
percibiendo los prestadores del servicio la contraprestación
correspondiente, y no el Estado, y lo
que recauden los registradores de la propiedad por los servicios del
Registro Civil irá a su bolsillo, no a las arcas del Estado, y esto
es privatizar.
Convertir
el Registro Civil en un negocio es privatizar.
En todos los paises civilizados el registrador cobra un sueldo, que no es precisamente 20 veces el de un magistrado o 40 veces el de un Inspector de Hacienda como en España, sino bastante menor. El ciudadano, al pagar el arancel correspondiente por un certificado de nacimiento, soportará un gasto injustificable en beneficio de unos pocos privilegiados. El Director General de Registros y del Notariado, futuro beneficiario de la privatización del Registro Civil, presenta la medida como un sacrificio desinteresado de los registradores en el ara de la modernidad, cuando lo que hay es un saqueo al ciudadano perpetrado desde el Estado a favor de un grupo dominante, el lobby de los registradores de la propiedad. Si alguien se merece ser beneficiario del servicio del Registro Civil deben ser los jueces, secretarios y demás funcionarios de la Administración de Justicia que hemos llevado de forma mecánica y modesta este servicio público. Lo que no tiene sentido es inyectar 128 millones de euros en su digitalización tal y como ha hecho el Ministerio de Justicia, para ceder a continuación su explotación gratuita al colectivo de Registradores de la Propiedad al que pertenece el Director General proponente. Esto sería lisa y llanamente un saqueo a las arcas del Estado.
Pero incluso desde una perspectiva jurídica sí que hay privatización: Los Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles son funcionarios públicos del Estado, pero su carácter de funcionarios no viene determinado por el Estatuto Básico del Empleado Público ni por otra Ley Orgánica, sino por la Ley Hipotecaria. También los Notarios son funcionarios públicos, y sin embargo ni las Notarias ni los Registros de la Propiedad y Mercantiles están integrados dentro de la estructura de la función pública en España. Son funcionarios públicos porque así los definen las normas que desarrollan el ejercicio de dichas profesiones, porque ejercen una función pública (la llevanza de los Registros de la Propiedad y Mercantiles existentes en España y de las oficina
liquidadoras
de Distrito Hipotecario, los primeros; la fe publica notarial, los
segundo) a la que acceden en virtud de una oposición, pero
ni
les son de aplicación los derechos, deberes y obligaciones de los
funcionarios públicos establecidos en el Estatuto Básico del
Empleado Público, ni sus retribuciones vienen regulada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado
o autonómicas como a todos los funcionarios públicos (cobran por
arancel, y las ganancias netas de sus oficinas ingresan directamente
en sus bolsillos) ni están integrados dentro de la estructura de una
Administración ni
su personal son funcionarios públicos sino personas directamente
contratadas por los mismos sin un proceso público selectivo
obligatorio ni supervisión por parte de la Administración
del personal que es contratado (hay
algunos que cobran a porcentaje, es decir, no un sueldo, y las
cantidades que en los años de boom inmobiliario han llegado a cobrar
han sido en algunos casos absolutamente desproporcionadas con su
categoría profesional puesto que muchos no son ni siquiera
licenciados en derecho, o carecen de cualquier formación
universitaria).
Nadie concibe
a un funcionario público como dicen ser los Registradores de la
Propiedad, que se pueda permitir el lujo que trabajar un día por
semana, residir a 200 km de su lugar de trabajo, y cobrar las
ingentes cantidades de dinero que han percibido hasta ahora, como
algunos han hecho y hacen, haciendo de su función pública un
privilegio particular.
Cómo
se financiará el Registro Civil:
El Anteproyecto de Ley establece que “Los
Registradores de la propiedad y mercantiles sufragarán
íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio
público del Registro civil, incluyendo SUS HONORARIOS, mediante la
aplicación de los correspondientes Aranceles”.
El Ministerio de Justicia cifra en 300 millones de euros anuales el
mantenimiento del Registro Civil, a los que habrá que sumar los
gastos destinados a los honorarios del Registrador y su personal, y
las instalaciones.
Si al final todo se resuelve en un arancel o tasa destinada a
sufragar todo eso, cabría hacerse algunas preguntas muy evidentes:
1º
¿Qué sentido tiene convertir al Registro Civil en un mal remedo del
Registro de la Propiedad a un coste multimillonario?
2º
Si se introducen aranceles o tasas por determinados servicios
registrales, ¿por qué no las gestiona el Estado directamente, como
hace con las tasas judiciales, y sirven para financiar el servicio
público? ¿Por qué se quieren utilizar los aranceles para el
beneficio privado de unos pocos, los registradores de la propiedad?
3º
¿Qué sentido tiene trasladar a otros puestos de trabajos a los
funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de
Justicia, para sustituirlos por otros que no son funcionarios
públicos a los que habrá sufragar enteramente sus servicios?
Puede
que al Estado no le cueste ni un euro al final el Registro Civil,
pero lo
que es evidente es que con este proyecto el usuario del Registro
Civil va a tener que pagar, y bastante.
En realidad, la política de austeridad del Gobierno del PP se reduce
a liberar partidas de los presupuestos a cambio de que las paguen
directamente los ciudadanos de su bolsillo, y en
esto consiste precisamente la privatización de un servicio público.
No debemos dejarnos engañar con frases como que se administrativiza
el Registro Civil sustituyendo a unos funcionarios (judiciales) por
otros (de la Administración). Los registradores de la propiedad son
en este aspecto unos funcionarios muy especiales, tal y como se ha
dicho antes. Pero en cualquier caso, pese al supuesto ahorro en las
arcas públicas de esos 300 millones anuales, no por eso nos van a
bajar los impuestos directos ni un euro.
El
argumento que esgrime el Ministerio
como
gran defensa
es
que no se va a cobrar por las inscripciones de nacimiento y
defunción.
Pero aunque termine siendo así efectivamente, el
argumento es falaz y parcial:
1º
Se
va a cobrar por todo lo demás
(certificados, expedientes, etc)
2º.
Se
va a pagar por el ejercicio de derechos fundamentales
(matrimonio, nacionalidad, derecho al nombre como parte del derecho a
la personalidad, etc), y en muchos casos se pagará dos veces, al
notario y al registrador de turno.
3º.
Se
pagará por el acceso a los propios datos personales o los de la
familia
(certificados, etc). ¡Qué más da no pagar en el momento de la
inscripción si luego se hace por duplicado
¡¡NO
A LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL!!
¡¡POR
UN SERVICIO PUBLICO DE REGISTRO CIVIL, SERVIDO POR PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!
¡¡¡ACUDAMOS
TODOS A LAS CONCENTRACIONES ANTE LOS REGISTROS CIVILES EL 21 DE MARZO
DE 2013!!!
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