CCOO, y el resto de la plataforma sindical unitaria
convocan concentraciones, el 21 de marzo de 11:30 a 12:30 horas, en las
sedes de todos los registro civiles de España, contra la privatización y
por un servicio público de registro civil, servido por personal de la
Administración de Justicia.
El Sector de la Administración de Justicia de CCOO Madrid, pone de
manifiesto las verdades sobre el proyecto de privatización de los
registros civiles frente a las mentiras de Rajoy y Gallardón para
ocultar sus concretos intereses y objetivos.
El Anteproyecto de Ley por el cual se atribuye la llevanza del Registro Civil a los registradores de la Propiedad es una
reclamación no compartida mayoritariamente por los registradores, sino que obedece a un proyecto de un grupo que controla en estos momentos el Colegio de Registradores y la DGRN, encabezado por el Sr. Director y Subdirector de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que son a su vez Registradores de la Propiedad. Estos señores, con el beneplácito e impulso de Rajoy (que fue quien impuso a Gallardón su nombramiento), pretenden utilizar el servicio público del Registro Civil para apalancar una determinada posición institucional en el tráfico jurídico en beneficio particular, ante la posible liberalización de los servicios de los registradores de la propiedad impuesta por la Unión Europea.
En pocas palabras, el Gobierno busca asegurar el negocio de los Registradores de la Propiedad, atribuyéndoles no sólo el registro civil, sino también, además de los registros de la propiedad, mercantiles y bienes muebles que ya tienen atribuidos, los de contratos de seguros con cobertura en caso de fallecimiento, el de fundaciones de ámbito estatal y el de actos de última voluntad. El Colegio de Registradores de España se convertiría de esta forma en el Gran Hermano registral al que habrá que pagar desde que se nace hasta que se muere.
El Anteproyecto de Ley por el cual se atribuye la llevanza del Registro Civil a los registradores de la Propiedad es una
reclamación no compartida mayoritariamente por los registradores, sino que obedece a un proyecto de un grupo que controla en estos momentos el Colegio de Registradores y la DGRN, encabezado por el Sr. Director y Subdirector de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que son a su vez Registradores de la Propiedad. Estos señores, con el beneplácito e impulso de Rajoy (que fue quien impuso a Gallardón su nombramiento), pretenden utilizar el servicio público del Registro Civil para apalancar una determinada posición institucional en el tráfico jurídico en beneficio particular, ante la posible liberalización de los servicios de los registradores de la propiedad impuesta por la Unión Europea.
En pocas palabras, el Gobierno busca asegurar el negocio de los Registradores de la Propiedad, atribuyéndoles no sólo el registro civil, sino también, además de los registros de la propiedad, mercantiles y bienes muebles que ya tienen atribuidos, los de contratos de seguros con cobertura en caso de fallecimiento, el de fundaciones de ámbito estatal y el de actos de última voluntad. El Colegio de Registradores de España se convertiría de esta forma en el Gran Hermano registral al que habrá que pagar desde que se nace hasta que se muere.
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