En el escrito presentado, hemos denunciado que la Consejería de Justicia se ha colocado al lado del Gobierno de Rajoy, castigando innecesariamente a los trabajadores; ninguneando el derecho a la negociación colectiva, que forma parte indisoluble del derecho fundamental de libertad sindical; despreciando al Parlamento Andaluz, que había aprobado en Diciembre la apertura por la tarde del Registro Civil; jugando con los más débiles, los parados, al no modificar ni convocar las bolsas de trabajo; despreciando la política que su gobierno dice defender de conciliación de vida laboral y familiar, mediante un horario impuesto y restrictivo...
Tras
casi un año en su cargo, el Consejero, Sr. Llera, sigue sin reunirse
con los representantes sindicales. Ha superado el record
de Gallardón que “solo” tardó seis meses.
Al
dorso, la plataforma reivindicativa que CCOO de Justicia ha
presentado al consejero
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Pronunciamiento
de la Junta de Andalucía contra la privatización de los registros
civiles.
Recuperación
de los niveles retributivos de Abril de 2010, fijando para ello el
calendario de negociación que corresponda.
Restablecimiento
de los permisos, vacaciones y licencias vigentes antes del RDL 20/2012.
Retribución
del 100% en las bajas y licencias por IT.
Pronunciamiento
de la Consejería de Justicia en la Conferencia Sectorial contrario a la
última modificación de la LOPJ en lo relativo a la movilidad forzosa.
Compromiso
de que no se va a llevar a cabo ninguna privatización ni
externalización del servicio.
Propuesta
al Ministerio de Justicia de convocatoria de la OEP que contenga la
totalidad de las plazas no ocupadas por titulares.
Recuperación
de la jornada máxima de 35 horas semanales.
Compromiso
de propuesta de convocatoria anual en lo sucesivo de las Ofertas de
Empleo Público.
Establecimiento
de mecanismos legales para la convocatoria de las plazas de Promoción
Interna propiciando para ello a través de la Conferencia Sectorial de
justicia las modificaciones legales que correspondan, incluso sin
convocatoria de OEP.
Consolidación
de los refuerzos en plantilla.
Incremento
de personal donde sea necesario.
Oposición
de la Consejería en la Conferencia Sectorial a la privatización de
servicios como los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos y
otros servicios.
Devolución
de las cantidades recortadas desde Mayo de 2010 (RDL 8/2010, RDL
20/2012, desviación del IPC en 2010, 2011 y 2012 y Ley 3/2012 de la
Junta de Andalucía).
Recuperación
de la cláusula de revisión salarial.
Eliminación
al alza de las diferencias salariales injustas como las derivadas de
los grupos de población.
Retribución
del 100%, incluidas las pagas extras, también en las bajas y licencias
de larga duración.
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Retribución
del 100% en todas las sustituciones.
Indemnizaciones
económicas por la realización de diligencias fuera del horario
laboral motivadas por las necesidades del servicio.
Jornada
reducida de navidad, semana santa, verano y fiestas locales.
Garantía
de descanso diario de 12 horas entre cada jornada laboral y de 36
horas de descanso semanal.
Compensación
horaria por prolongaciones de jornada derivadas de las necesidades de
servicio.
Flexibilidad
horaria y permisos suficientes para el establecimiento de mecanismos
de conciliación de la vida laboral y familiar.
Cobertura
inmediata y permanente de todos los puestos de trabajo, negociándose
una regulación objetiva de los sistemas de sustituciones (también
las horizontales) y comisiones de servicio.
Establecimiento
de un protocolo y compromiso de negociación colectiva de todas las
condiciones de trabajo, estén reguladas por Leyes, Reglamentos,
Órdenes, Instrucciones, Protocolos o cualquier otra norma.
Formación
profesional durante el horario laboral tanto continuada, como de
nuevo ingreso y para la promoción interna.
Implantación
de un sistema continuo de evaluación y corrección de riesgos
laborales con especial incidencia en los riesgos psicosociales
derivados de la organización del trabajo.
Aprobación
inmediata de la nueva orden para la selección de personal interino y
urgente convocatoria de la bolsa de trabajo.
Reimplantación
de las ayudas de acción social que deberán alcanzar como mínimo el
1% de la masa salarial.
Paralización
en la implantación de la Nueva Oficina Judicial y Nueva Oficina
Fiscal hasta que no se garantice una dotación presupuestaria
suficiente para inversiones en edificios judiciales, inversiones en
nuevas tecnologías, incremento sustancial de las retribuciones en
las Relaciones de Puestos de Trabajo y para el incremento de la
plantilla en algunos servicios, con dotación claramente
insuficiente, debiéndose abordar la apertura de negociación sobre
la utilidad del SCOP y sobre la modificación al alza de la
plantilla mínima de las UPADs.
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