El
Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de Justicia gratuita y
mantiene la exclusión de sus beneficios a millones de ciudadanos con
escasos recursos, porque solo ampara a un exiguo número de personas
EL
GOBIERNO SIGUE ENGAÑANDO A LOS CIUDADANOS: EL ANTEPROYECTO DE
JUSTICIA GRATUITA NO ATENÚA LA ENORME GRAVEDAD DE LA LEY DE TASAS,
PORQUE LA INMENSA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN SE VERÁ EXCLUIDA DEL
ACCESO A LA JUSTICIA
El
Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de justicia
gratuita, que pretende justificar como una norma que disminuye el
coste que supone para los ciudadanos la recientemente aprobada Ley de
Tasas.
La
argumentación del Consejo de Ministros acepta por fin que las tasas
incrementan los costes para los ciudadanos pero engaña a la opinión
pública cuando afirma que se elevan los umbrales de recursos, cuando
la verdad es que los reducen o los elevan de forma insignificante:
“Dado
que
las tasas judiciales aumentan los costes procesales, se ha
considerado oportuno incrementar los umbrales hasta ahora vigentes
para evitar que puedan limitar el acceso a la tutela judicial
efectiva de quienes carecen de recursos”
Gallardón
y el Gobierno mienten descaradamente. Lo único que hace este
anteproyecto es condenar definitivamente a la inmensa mayoría de los
ciudadanos a no poder realizar ninguna reclamación ante la
Administración de Justicia, cuando estén en juego sus legítimos
derechos.
Porque
mientras el Gobierno ampara de forma vergonzosa, a los delincuentes
de cuello blanco como los responsables de la Banca rescatada con
fondos públicos que son de los ciudadanos, y no toma ninguna medida
para impedir casos, como el caso Pallerols y muchos otros de igual
gravedad, aquellos cuyos recursos superan ligeramente el paupérrimo
SMI, deberán desistir de defender sus legítimos derechos. Es decir,
los que roban a los ciudadanos, si son ricos o de partidos afines, se
libran de la cárcel con el apoyo expreso o tácito del Gobierno
central y, en este caso, también el de algunas CCAA como Cataluña,
y los que carecen de recursos suficientes son condenados a no poder
defenderse en los Tribunales de Justicia.
Este
anteproyecto de Ley de Justicia gratuita junto a la Ley de Tasas
Judiciales (publicada en el BOE el 21-11-2012) es un puro engaño de
Gallardón. Se obliga a la inmensa mayoría de los ciudadanos a pagar
injustas, enormes y desproporcionadas tasas si quieren defender sus
derechos ante la Justicia, mientras el anteproyecto de justicia
gratuita solo ampara a una exigua minoría de personas.
Ambas
normas aprobadas por el Gobierno suponen un retroceso radical en el
servicio público de la Administración de Justicia. Porque hasta
ahora, desde que se aprobó la ley 1/96 de Asistencia Jurídica
Gratuita, los ciudadanos con menos recursos pero que no tenían el
beneficio de justicia gratuita no pagaban tasas Judiciales y podían
defender sus derechos en los Juzgados y Tribunales sin poner en
riesgo los recursos destinados a sobrevivir, sin perjuicio de que la
Administración de Justicia mantenía graves deficiencias e
injusticias que ningún Gobierno ha sido capaz o ha querido corregir.
Ahora,
este anteproyecto, a pesar de las declaraciones de Gallardón, no
produce avances en relación a los recursos económicos para poder
gozar del beneficio de acceso a la justicia gratuita, pues el
incremento de ingresos, en algún caso, que el anteproyecto contempla
es tan insignificante que no va a permitir a más personas
beneficiarse.
Además,
los datos que el Gobierno ha publicado en su página web sobre el
incremento del umbral para poder acceder a la justicia gratuita que
va a suponer este anteproyecto, está lleno de datos falsos que
convierten en vulgar propaganda su contenido .
Según
el Gobierno, estos son los umbrales de recursos económicos anuales
necesarios por debajo de los cuáles se podrá acceder a la justicia
gratuita, siempre y cuando no se tenga “un
patrimonio suficiente”,
patrimonio que queda al criterio de la Administración decidir si lo
es o no:
Unidad Familiar | Una persona | Dos miembros | Tres miembros | Cuatro miembros | Circunstancias especiales FAM NUM 1ª clase |
Umbral de justicia gratuita actual |
14.910
euros
2
veces el SMI
|
29.821
euros
4
veces el SMI
|
|||
Umbral
de justicia gratuita propuesto
|
12.780
€
2
veces el IPREM
|
15.975,33
euros
2,5
veces el IPREM
|
19.170,39
€
3
veces el IPREM
|
31.950,65
€
5
veces el IPREM
|
|
Variación
|
--
2.130 €
|
1.065,33
€
|
4.260,39€
|
2.129,65€
|
Con
estos datos, el Gobierno utiliza un SMI (salario
mínimo interprofesional) de
532,5,
muy
inferior al aprobado por el propio Consejo de Ministros de hace
varias semanas (BOE de 31.12.2012), que es de 645,30 euros brutos/mes
(14 pagas).
Tampoco
el valor del IPREM (índice
público
de renta de efectos múltiples)
que se utiliza por Gallardón es el actual (por cierto, congelado
desde 2010). Su valor es de 532,51 euros brutos/mes y no 456,43.
Si utilizamos los valores
reales publicados en el BOE de SMI e IPREM en 2013, los umbrales de
recursos económicos para acceder a la Justicia gratuita con el
anteproyecto son:
Unidad Familiar | Una persona | Dos miembros | Tres miembros | Cuatro miembros | Circunstancias especiales FAM NUM 1ª clase |
Umbral de
justicia gratuita actual
|
645,3x2x14=18.068,4
2 veces
el SMI*
|
36.136,8
4
veces el SMI
|
|||
Umbral de
justicia gratuita propuesto
|
14.910,28
2 veces
el IPREM **
|
532.51x2.5x14=18.637,85
2,5 veces
el IPREM
|
22.365,42€
3 veces
el IPREM
|
37.275,7€
5 veces
el IPREM
|
|
Variación
|
--
3.158,12€
El
Solicitante tiene aún más difícil acceder a la justicia
gratuita
|
569,45€
El
Solicitante tiene igual de difícil acceder a la justicia
gratuita, pues la variación es imperceptible: 40,6€/mes
|
4.297,02€
|
1.138,9€
|
*SMI (Salario mínimo
interprofesional) mensual 1-1-2013: 645,30 euros
**IPREM (índice público de renta
de efectos múltiples) mensual 2013, congelado: 532,51 euros
Como
se verá, la primera tabla, la utilizada por el Gobierno, con datos
falsos de SMI e IPREM, pretende demostrar la mejora de este
anteproyecto sobre la ley de 1996, algo que queda destrozado con los
datos de la segunda tabla, cuando se utilizan los datos actualizados
a día de hoy de SMI e IPREM, que demuestran que este anteproyecto no
representa mejoras para los ciudadanos.
Por
tanto, el
Gobierno presenta un anteproyecto de justicia gratuita que no
compensa de ninguna forma los gastos que suponen la escandalosa Ley
de Tasas, pues millones de ciudadanos con escasos recursos seguirán
excluidos de la Justicia gratuita y a su vez no podrán acceder a la
Administración de Justicia,
porque deberán escoger entre dedicar sus ingresos a la vivienda y
manutención o a defender sus derechos ante los Tribunales.
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