Más de medio centenar de profesionales, con abogados y
procuradores, se concentran por primera vez en Cádiz para reclamar
mejoras y por las reformas · Temen que la ley de tasas retraiga al
ciudadano medio
"Hace tiempo que era previsible
que nos uniéramos para hacer este tipo de reclamaciones". Fue
una de las declaraciones que se escuchó ayer en la concentración de
jueces y fiscales de la provincia de Cádiz, a la que se unieron
abogados y procuradores, para protestar por la situación
actual de la Justicia y contra reformas como la ley de tasas. Un
clamor de la carrera judicial que se extendió en manifestaciones por
toda España pidiendo el aumento de plazas, criticando el
abandono de sedes judiciales, la sobrecarga de trabajo, las reformas
"que atentan contra la independencia judicial" o la ley de
tasas judiciales; la última reforma que ha terminado de poner de
acuerdo a todos por primera vez. Estas nuevas tasas, temen, pueden
tener el efecto de retraer al ciudadano a la hora de acceder a la
Justicia. La situación no hace descartar una nueva huelga en la
Justicia.
En Cádiz, en una concentración que se podría llamar pionera, más de medio centenar de profesionales de la Justicia, con amplia representación de jueces y fiscales, acudieron a las puertas del juzgado de San José, en la capital, donde la juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, leyó el manifiesto acordado por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales "tras valorar la situación actual en la que nos encontramos y preocupados por prestar a los ciudadanos la Justicia de calidad que nuestro sistema constitucional exige". "La Justicia debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis, centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, y ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica", concluye el comunicado leído.
En el décimo punto del manifiesto se solicitaban "unas tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la Justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas". Orellana recordó que hay tasas desde 2002 para las personas jurídicas, "el problema es imponerla al ciudadano de a pie y que eso le impida acceder a un recurso, una instancia o una demanda". "Desde el punto de vista de que la tasa impida el acceso a la justicia me parece censurable", añadió la jueza decana de Cádiz.
En Cádiz, en una concentración que se podría llamar pionera, más de medio centenar de profesionales de la Justicia, con amplia representación de jueces y fiscales, acudieron a las puertas del juzgado de San José, en la capital, donde la juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, leyó el manifiesto acordado por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales "tras valorar la situación actual en la que nos encontramos y preocupados por prestar a los ciudadanos la Justicia de calidad que nuestro sistema constitucional exige". "La Justicia debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis, centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, y ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica", concluye el comunicado leído.
En el décimo punto del manifiesto se solicitaban "unas tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la Justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas". Orellana recordó que hay tasas desde 2002 para las personas jurídicas, "el problema es imponerla al ciudadano de a pie y que eso le impida acceder a un recurso, una instancia o una demanda". "Desde el punto de vista de que la tasa impida el acceso a la justicia me parece censurable", añadió la jueza decana de Cádiz.
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