CCOO denuncia que Justicia propone controlar que los secretarios judiciales sólo trabajen 25 horas presenciales
El sindicato CC.OO. ha denunciado que el
Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, ha
propuesto establecer una resolución de calendario laboral en la que los
secretarios judiciales no tengan que cumplir el horario que el Gobierno
ha establecido para todos los empleados públicos de la Administración.
Mientras al personal de la Administración se le
controlará el cumplimiento de 37,5 horas semanales, el sindicato
advierte de que el Ministerio de Justicia ha excluido a los secretarios
judiciales y ha reducido "esta exigencia a realizar 25 horas semanales",
lo que, según la resolución, afectará a las horas de atención al
público y a los profesionales.
La secretaria General
del Sector de Administración de Justicia de CCOO, Flora Martínez, ha
mostrado en declaraciones a Europa Press su "sorpresa" ante esta
resolución y ha explicado que el departamento ministerial "ha excusado"
la falta de control en que los fedatarios públicos "trabajan en casa,
como si fueran jueces". "Pero no son jueces, no dictan sentencias ni
nada que se les asemeje", ha añadido.
En este
sentido, ha advertido de que los secretarios judiciales cobran un
concepto por productividad y ha reclamado que estén en condiciones de
igualdad respecto al resto de funcionarios que trabajan en la
Administración de Justicia.
CLASISMO ESCANDALOSO
La plataforma sindical ha advertido en un comunicado que la decisión de
Ruiz-Gallardón es de "una prueba más del clasismo escandaloso que se
practica desde el Gobierno contra los trabajadores, perpetuándose el
sistema de privilegios y de castas absolutamente lamentable e
intolerable".
CCOO ha avisado de que no aceptará "de
ninguna manera" que la decisión de reducir 25 horas semanales el
control del horario de los secretarios judiciales se mantenga. Por ello,
adoptará todas las medidas de acción sindical que sean necesarias para
impedir una decisión tan "injusta" y "clasista".
"En
la situación que estamos viviendo en nuestro país, donde se recortan
inadmisiblemente derechos sociales básicos e indispensables a todos los
ciudadanos, mientras el Gobierno es incapaz de exigir responsabilidades a
los máximos representantes del poder financiero que han llevado a
España a la grave situación económica que atraviesa, llegan estas
ocurrencias inadmisibles en un Estado europeo y democrático en pleno
siglo XXI", ha concluido.
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