CCOO
denuncia la mercantilización de la Justicia a la que está llevando
el ministro como única fórmula para atajar la “excesiva
judicialización” que acabará convirtiéndola en una Justicia para
ricos y otra para pobres.
NOTARIOS,
REGISTRADORES, PROCURADORES, … BUSCAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA NUEVOS MERCADOS DONDE EJERCER SU PROFESIÓN, AUNQUE SEA A
COSTA DEL SERVICIO PÚBLICO Y DEL EMPLEO DE MILES DE TRABAJADORES QUE
VEN PELIGRAR SUS PUESTOS DE TRABAJO.
La
última moda en la Administración de Justicia son las
desjudicializaciones y privatizaciones del Servicio Público que
prestamos y Gallardón no tiene ningún pudor en recibir con agrado
estas propuestas de diversos colectivos profesionales que en la
defensa de sus intereses legítimos en plena crisis no dudan tampoco
en descalificar el funcionamiento del servicio público, aunque eso
suponga un desmantelamiento del Servicio Público y un encarecimiento
del mismo que tendrán que pagar los ciudadanos.
Es
lamentable que el máximo responsable de la Justicia sólo encuentre
como fórmula para el “desatasco en la justicia” medidas como el
“repago
judicial”
que supondrá al ciudadano el pago de unas tasas abusivas por acudir
a los tribunales de justicia o la desjudicialización
de asuntos,
como el registro civil, la jurisdicción voluntaria, la mediación,
matrimonios, divorcios de mutuo acuerdo, temas de sucesiones, etc,
etc….para dar entrada a profesionales como Notarios o Registradores
que, una vez acabado ¿? el boom inmobiliario del que han vivido
generosamente escriturando y dando fe de negocios de compraventa de
pisos y préstamos hipotecarios a precios de “boom”, y ahora
también, privatizando
el servicio común de notificaciones y embargos para dejar en manos
de los Procuradores las diligencias de notificación o las
ejecuciones de las sentencias, a los que se suman otros como la
externalización
de los servicios de interpretación o traducción o de los peritajes
judiciales
CCOO
ya denunció hace años y en solitario la reforma de la LEC que
permitía precisamente a los Procuradores realizar las notificaciones
a todas las partes del proceso siempre y cuando éstas abonaran sus
honorarios por realizar dicho servicio, y otras medidas que se vienen
sucediendo como fórmulas mágicas para descongestionar la justicia
que no son más que medidas para disuadir a los ciudadanos para
ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva (incrementar las
cuantías para poder interponer un recurso en segunda instancia,
obligar a constituir depósitos previos a los recursos, imponer las
costas procesales con el simple criterio del vencimiento,….).
El
Ministro de Justicia toma sus decisiones a golpe de presión
corporativa, dejando a un lado el interés del ciudadano y poniendo
por encima intereses de colectivos que pugnarán por la
mercantilización de un espacio que puede ser muy suculento. CCOO
denuncia que el único proyecto que tiene el ministro de Justicia es
establecer una Justicia de doble velocidad, una Justicia para ricos y
otra para pobres, una Justicia que sólo sería ágil y eficaz si los
ciudadanos se la pueden costear, mientras, la Justicia que
proporcione el Estado ¿seguiría siendo una Justicia lenta e
ineficaz?.
¿Quién
se beneficia de todas estas reformas? Evidentemente los ciudadanos NO
y de paso, los trabajadores de la Administración de Justicia
sufriremos los procesos de amortización de plantillas, de
congelación de oposiciones (tanto turno libre, como promoción
interna), reordenación de efectivos, traslados geográficos, rebaja
y congelación de salarios y de derechos, etc..., en definitiva,
nuevos recortes sociales y laborales para los trabajadores y
ciudadanos, y sobre todo un proceso de desmantelamiento del Estado
Social y de Derecho, en el que cada vez hay menos Estado pero también
cada vez menos Justicia.
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