EL PLAN DE ESTABILIDAD REMITIDO A BRUSELAS CONTEMPLA IMPORTANTES RECORTES DE DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: Desde modificar las condiciones retributivas en situación de incapacidad temporal hasta eliminar los días adicionales por vacaciones, fallecimiento o enfermedad de un familiar, todas las medidas son un intolerable nuevo ataque a los trabajadores.
▀ EN LA MANIFESTACIÓN DEL 1º DE MAYO, EL SECRETARIO GENERAL DE CCOO, DENUNCIÓ QUE EL GOBIERNO “CRIMINALIZA” A LOS FUNCIONARIOS Y PROMUEVE SU DESPRESTIGIO Y EL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, COMO ESTRATEGIA PARA ACABAR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
▀ EL PLAN DE ESTABILIDAD TAMBIÉN RECOGE LAS “REFORMAS” DEL GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: SE CONFIRMA, como viene informando CCOO, LA PRIVATIZACIÓN DE ALGUNAS ACTUACIONES A FAVOR DE LOS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.
El
Gobierno del PP sigue planeando seguir desmantelando los servicios
públicos y, por consiguiente, nuevos
recortes de los derechos de los empleados públicos.
Tras
la remisión del Plan de Estabilidad a Bruselas, hemos conocido las
líneas generales de los siguientes medidas más importantes:
1º.-
Con
el insultante nombre de “Plan para reducir del absentismo de los
empleados públicos”, el Gobierno se propone
reformar
el Régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios
con las líneas concretas siguientes:
a)
que
los funcionarios no cobren el salario íntegro durante los primeros
90 días de baja por incapacidad temporal
(180
días en el caso de los funcionarios de la Administración de
Justicia)
tal y como fija el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
funcionarios civiles del Estado. Aunque el texto no recoge los
detalles de su aplicación sí adelanta que la medida tendrá un
"impacto
presupuestario muy positivo”; b)
Modificación
de los requisitos y cantidades que se abonan
por las Mutualidades de funcionarios en concepto de subsidio por
enfermedad a
partir del cuarto mes de baja
(7º
mes en el caso de los funcionarios de la Administración de
Justicia); c)
Cambio
de cómputo de las situaciones de incapacidad temporal,
de
meses a días y, acortamiento
de los plazos de expedición
y
entrega a los órganos de personal de los partes de baja.
2º.-
Eliminación
de los días adicionales de vacaciones por antigüedad y de los
adicionales por fallecimiento, intervenciones quirúrgicas,
enfermedad
(si
se producen fuera de la localidad)
y
reducción de los permisos por libre disposición
(llamados “asuntos particulares”).
3º.
Congelación
o reducciones salariales
(se
plantea una de las dos opciones pero sin concretar).
Reducción de las ayudas sociales y de las aportaciones a los planes
de pensiones.
4.-
Redimensionamiento de las plantillas funcionariales,
disminución de la contratación de personal interino y congelación
de la OEP.
Posibilidad de amortizar las jubilaciones forzosas
5º.-
Establecimiento de la jornada laboral en 37,5 horas semanales como
mínimo
y
se
estudia aumentar la jornada máxima (actualmente
en 40 horas semanales). Introducción de medidas de flexibilidad
horaria con la reducción proporcional de retribuciones y estudiar
la prolongación de la permanencia en servicio activo de los
funcionarios.
El
Gobierno asegura que ya se están implementando reformas
legislativas “que
tienen por objeto agilizar el sistema judicial para ser un factor más
que contribuya a la competitividad nacional”.
Y, aunque sin
concretar los detalles, adelanta las siguientes medidas:
1º)
Reforma de LOPJ para determinar un nuevo reparto de competencias y
una nueva organización judicial
(Tribunales de Instancia y Servicios Comunes). También reformas
Legislativas
para que la actividad de la Administración de Justicia no se
paralice en períodos vacacionales.
2º.-
Reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial
para reducir costes de personal e infraestructura.
3º.-
La implantación de
tasas judiciales y el incremento de los depósitos para recurrir.
4º.-
Extensión de mecanismos de mediación en asuntos penales y
administrativos.
5º.-
Desjudicialización de actuaciones judiciales para ser tramitadas y
resueltas por Notarios y Registradores de la Propiedad.
El
Gobierno recoge expresamente
en el Plan de Estabilidad que
los Anteproyectos de Ley de todas las reformas anteriores ya están
terminados y se remitirán en octubre de 2012 a las Cortes para su
tramitación parlamentaria.
Una prueba más de
la interesada ocultación de los proyectos de éste Gobierno y del
ministro de Justicia que, pese a los reiterados escritos de CCOO,
sigue
sin dar la cara.
Estos
derechos laborales, al igual que los derechos sociales y democráticos
que hemos logrado en España tras años de lucha, son los que el
Gobierno quiere eliminar o devaluar con el pretexto de la crisis
económica.
Un
pretexto que Rajoy y su Gobierno están utilizando para modificar
radicalmente el modelo social,
en una trama perfectamente planificada para dosificar las medidas con
el fin de evitar que la ciudadanía se levante masivamente contra
ellas. CCOO
continuará
con las movilizaciones y, emplaza nuevamente a los trabajadores para
que se sumen a una lucha creciente y contundente para proteger y
defender su dignidad, sus derechos y los servicios que prestan en el
las distintas Administraciones Públicas
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