El sindicato ha
asegurado que esta medida, que deja en 5 los partidos judiciales de
Cádiz frente a los 14 que tenía y que ha sido aprobada por el CGPJ
con el apoyo del ministro de Justicia, supondrá un grave retroceso
en derechos, tanto para la ciudadanía afectada, que será de más
de 500.000 gaditanos y gaditanas, como para más de 200 funcionarios
y funcionarias, del total de 1.200 de esta Administración, es decir,
un 20 por ciento de su plantilla, “que perderán sus derechos
consolidados, viéndose obligados a la movilidad forzosa, incluso a
despidos, en el caso de interinos, por amortización de plantillas,
todo esto nuevamente con el ahorro como excusa”, han afirmado.
CCOO, a través de sus
representantes en el sector de Justicia, ha denunciado el grave
perjuicio que acarreará para los gaditanos y gaditanas la reducción
de 14 a 5 los partidos judiciales aprobada el pasado día 4 por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y apoyada por el
Ministerio del ramo, que el Gobierno ha justificado, de nuevo, en el
ahorro.
En concreto, el sindicato
ha asegurado que esta medida se traducirá en un “grave retroceso”
para la ciudadanía afectada, que estima en 500.000 gaditanos y
gaditanas, el 42 por ciento de la población provincial, así como a
sus trabajadores, “más de 200 funcionarios y funcionarias que
perderán derechos consolidados viéndose obligados a la movilidad
forzosa e incluso a despidos”.
De la misma manera, los
representantes sindicales del sector han destacado que esta pérdida
del servicio de la justicia también tendrá consecuencias en el
entramado socio-político-económico de las poblaciones afectadas,
“pues en la gran mayoría de los ayuntamientos que son cabecera de
partidos judiciales, se han desarrollado actividades económicas
importantes e inversiones (comercios, hostelería, despachos de
abogados y procuradores, entre otras).
CCOO ha denunciado
también que el criterio que se marca el informe del CGPJ, de que el
desplazamiento desde los núcleos de población a la cabecera de
partido judicial no exceda de 1 hora, es irreal en una provincia
como Cádiz, que resulta deficitaria en medios de transporte
públicos, “con casos sangrantes, como en Ubrique y buena parte de
la Sierra”, con una grave carencia en transporte público y de baja
frecuencia. “También la distancia hasta la sede judicial de la
cabecera de partido judicial, en el caso de Jerez, como en otros,
impediría, de hecho, la tutela judicial efectiva”.
En éste y en otros
casos, según han señalado los responsables sindicales, como
Barbate, que pasaría a Chiclana o en el caso de Sanlúcar a El
Puerto de Santa María, esa escasez de transporte público, o su
mínima frecuencia, “obligaría igualmente a los trabajadores, a
desplazarse en vehículos privados, lo que nadie les exigió cuando
obtuvieron una plaza por oposición o concurso de traslados, o
también a cambios de residencia, con todos los perjuicios
personales, económicos y familiares que ello conlleva”.
Para CCOO, esta
reducción de partidos judiciales sumada a la imposición de tasas
judiciales a todos los ciudadanos para litigar, constituye un ataque
frontal a la Tutela Judicial Efectiva.
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