El Ministro de Justicia ha presentado hoy a la prensa el proyecto de Presupuestos para el Ministerio de justicia para el 2012, en el que, como véis, reconoce un recorte del 6,34% del presupuesto correspondiente al 2011.
Os adjuntamos el enlace a dicha presentación que hemos conocido por la página web del ministerio, pues como sabéis, hasta la fecha y después de cinco meses ya como ministro de justicia sigue sin reunir a los representantes de los trabajadores para informarnos directamente sobre las líneas generales que va a aplicar en la Administración de Justicia, la NOJ, las reformas previstas, el presupuesto para el 2012, etc, etc, etc....
Como veréis, ya hay una reducción del -1,82% en gastos de personal que incluye a
- 5.182 Jueces y Magistrados
- 2.430 Fiscales
- 4.399 Secretarios Judiciales
- 10.397 Resto de personal de la Administración de Justicia
y que, según el ministerio, servirá para el " Mantenimiento de retribuciones, ajuste de créditos a efectivos reales y reducción de la productividad de altos cargos y Racionalización de los Recursos Humanos y adecuación a las cargas de trabajo"
Además, también supone un recorte de -42,55% en los gastos de inversión que afectará a los proyectos de modernización tecnológica e infraestructuras. Además, confirma un recorte del 50% en las partidas para acción social y formación del personal que ya habíamos denunciado CCOO que
ocurriría y que mañana, en la reunión convocada en el ministerio para
¿negociar? precisamente estas dos partidas se pondrá de manifiesto dicho
recorte.
Sin embargo, mientras reduce en un 2,8% la partida
de formación del personal de la Administración, incrementa en un 25,9%
la formación de la Carrera fiscal.
De cualquier
manera, las reformas "estructurales" que según esta presentación va a
acometer el ministerio son muy ambiciosas, pero sin recursos suficientes
-a pesar de la brutal subida de las tasas judiciales que acaba de
aprobar el gobierno- mucho nos tememos que será otro lavado de cara pero
con recorte de derechos tanto a los trabajadores de la Administración
de Justicia como a los ciudadanos en su derecho a la tutela judicial
efectiva, cada vez más caro su acceso y que acabará por convertirse en
una justicia de doble rasero.
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