Reducción
de 431 a 199 partidos judiciales.
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Esta
reducción, si finalmente es aprobada por el Gobierno, es un
retroceso sin precedentes en la Administración de Justicia y un
profundo ataque a los derechos de los ciudadanos.
Y
significa igualmente un ataque en toda regla a los derechos de miles
de trabajadores de la Administración de Justicia, pues nos tememos
que la propuesta busca fundamentalmente una reducción significativa
de las plantillas y contemplará el traslado de localidad de cientos
de trabajadores, sin respetar los derechos consolidados de éstos.
Si
el Gobierno aprueba finalmente una propuesta en esta dirección, los
ciudadanos tendrán más dificultades aún para que se respete su
derecho a la tutela judicial efectiva.
Desde
que tomó posesión, Gallardón ha anunciado, entre otras decisiones,
primero, la modificación de la Ley de Planta y Demarcación sin
negociación, luego que los Tribunales de Instancia agruparían
Juzgados de la misma jurisdicción, más tarde el incremento de las
tasas judiciales, después que los funcionarios públicos eran unos
privilegiados por poder acudir a defender sus derechos laborales sin
abogado ni procurador y ahora es el anuncio de la reducción muy
considerable de los Partidos Judiciales.
Es
evidente, que estas decisiones, sin respetar siquiera el derecho a la
información, primero, y a la negociación con los representantes de
los trabajadores, además de una falta de respeto a más de 40.000
compañeros, es un incumplimiento flagrante del derecho a la
negociación colectiva, y parece que el Gobierno pretende aplicar de
facto la infumable reforma laboral en el ámbito de la función
pública, como CCOO viene explicando desde que fue aprobada por el
Gobierno.
Asimismo,
CCOO denunciará ante la opinión pública esta decisión, porque los
ciudadanos tienen que conocer que lo que se pretende también en el
ámbito de la Administración de Justicia es deteriorar los servicios
públicos, acabando con derechos que hemos conquistado con los
ingentes esfuerzos de miles de personas.
Sr.
Ministro de Justicia: Adoptar medidas, como las que propone el CGPJ,
que atentan gravemente a un servicio público como la Administración
de Justicia, y que van a deteriorar los derechos de miles de
trabajadores, exige, como mínimo, dar la cara y sentarse a
discutirlas con los representantes de los trabajadores. Ya han pasado
4 meses desde su toma de posesión, y sigue sin reunirse con los
sindicatos. ¿A qué espera?
Para
CCOO una decisión de este tipo constituiría una agresión sin
precedentes a los derechos de ciudadanos y de los empleados públicos,
por lo que tendría la respuesta de la mayor contundencia, respuesta
para la que pediremos el respaldo de los trabajadores de la
Administración de Justicia .
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