La adjudicación millonaria de un nuevo sistema informático abre una guerra entre Gobierno y registradores
El contrato ha sido licitado por una empresa pública del Ministerio de Defensa, Isdefe, en un procedimiento cerrado
Los registradores advierten de que el concurso opaco ha sido diseñado para que lo gane la empresa Futuver
Denuncian
que una minoría dentro del gremio, en cuya órbita sitúan al hermano del
presidente Rajoy, maniobra para crear un Colegio paralelo
Futuver dice que no se presenta a la licitación, pero que se asociará con la adjudicataria
BEGOÑA P. RAMÍREZ - Actualizada 27/09/2014 a las 18:22
La
dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto un paréntesis en el pulso
que los registradores de la Propiedad llevan meses sosteniendo con el
Ministerio de Justicia por culpa de la reforma de los registros y la
integración del Registro Civil. Un pulso que amenaza con terminar en
cisma dentro del Colegio Oficial de Registradores, al tiempo que en una
auténtica batalla judicial para detener los cambios ya en marcha.
Antes
del próximo día 4 de octubre debería aprobar el Consejo de Ministros
los estatutos de la nueva Corporación de Derecho Público donde el
Gobierno quiere integrar a los registradores mercantiles que se
encargarán de gestionar el Registro Civil desde el 15 de julio de 2015.
Al menos ése fue el plazo que se puso a sí mismo el Ministerio de
Justicia cuando el pasado 4 de julio aprobó la cesión: tres meses.
La
nueva corporación es también la que debe formalizar –y pagar– el
contrato del sistema electrónico integrado que compartirán todos los
registros de la Propiedad y Mercantiles a partir del 15 de julio de
2015. Pero, antes, la aplicación informática habrá sido licitada y
adjudicada por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa
de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa.
Según
las fuentes consultadas por infoLibre, el reglamento que incluye los
estatutos de la nueva corporación se encuentra pendiente del preceptivo,
aunque no vinculante, dictamen del Consejo de Estado, ante el que 150
registradores han presentado alegaciones. “Estamos en condiciones de
cumplir el plazo”, se limita a decir, por su parte, una portavoz de
Justicia. Menos aún se sabe de la licitación del Isdefe: se trata de un
procedimiento cerrado, del que se encarga Defensa por razones de “máxima
seguridad” y confidencialidad, la de los millones de datos que manejará
ese sistema integrado. Las fuentes consultadas cifran en cerca de 80
millones de euros el importe del contrato, aunque algunos especialistas
consideran que esa cantidad es “disparatada” respecto al “valor de
mercado de un software similar”.
Arancel sí, sueldo no
Si
ambos trámites se cierran tal y como fueron diseñados antes de
marcharse Ruiz-Gallardón, se consumará una reforma que la mayoría de los
registradores consideran un atentando contra su “independencia”. No
sólo temen que se les someta a la “estructura jerárquica de la
Administración”, sino que además, se les convierta en los “paganos” del
Registro Civil, toda vez que éste dejará de sufragarse a cargo de los
Presupuestos del Estado pero seguirá siendo gratuito para el ciudadano.
Según
el proyecto de Justicia, los trámites del Registro Civil los abonarán
los registradores mercantiles de los aranceles que cobren por sus
servicios. También serán los registradores quienes paguen el nuevo
sistema informático integrado. Para el gremio, el arancel, además de la
fuente de sus cuantiosos ingresos, es la garantía de su independencia.
“Si me ponen a sueldo [de la Administración], me voy a [el Tribunal
Internacional de] La Haya”, advierte un registrador consultado por este
periódico. A su juicio, la “sueldización”, como lo llaman estos
profesionales, “expropia las condiciones del contrato” que firmaron tras
aprobar la oposición.
Del Registro Civil se
van a encargar finalmente los registradores mercantiles, unos 100 en
toda España, porque los de la Propiedad, un millar, se han negado.
Alegan que el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha dejado muy
tocados –“Vivimos de inscribir inmuebles”, explican– y que muchos de
ellos han tenido que ejecutar ERE temporales porque no podían sostener
sus plantillas, después de haber sufrido más de 100 rebajas del arancel
desde los años 80.
La memoria económica, sin una sola cifra
Además,
critican que se les haya endosado una tarea de considerable envergadura
–un millón de trámites al año– sin haber hecho un estudio previo de
costes. El real decreto de 4 de julio que cede la gestión del Registro
Civil a los registradores mercantiles cuenta con una breve “memoria del
análisis de impacto normativo” –como es preceptivo–. De sus 10 páginas,
sólo dos están dedicadas a analizar el impacto económico y
presupuestario de la reforma. Y no contienen ni una sola cifra. El texto
se limita a glosar el “evidente ahorro de costes” que supondrán los
cambios en los registros. “Los costes de explotación del Registro Civil
dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado y
para los de las comunidades autónomas”, explica la memoria, porque esos
gastos “pasarán a ser sufragados por los registradores”, que poseen
“recursos humanos e infraestructuras suficientes”. Pero no precisa
cuáles son esos costes de explotación ni con qué recursos e
infraestructuras cuenta el gremio.
Los
registradores creen también que el Gobierno va a utilizar la Corporación
de Derecho Público para crear un “colegio paralelo” con el que soslayar
la oposición del gremio. De hecho, aunque en principio sólo la
integrarán los registradores mercantiles, el proyecto de estatutos
elaborado por el ministerio establece que también los de la Propiedad
deberán sumarse. Los opositores a la reforma advierten, además, que la
intención de Justicia es “absorber” el cuantioso patrimonio del Colegio
de Registradores. Así, el proyecto de estatutos cita entre los recursos
económicos que tendrá la nueva corporación las “cesiones, ordinarias y
extraordinarias, de fondos que le haga el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España”.
Para poner
en marcha la reforma, la corporación se regirá por un Consejo Ejecutivo
Provisional, hasta el 15 de julio de 2015, cuyos siete miembros,
registradores mercantiles, serán nombrados por el Ministerio de
Justicia. Otro detalle fundamental que despierta los recelos en el
gremio: será el Consejo Provisional el encargado de firmar el contrato
del sistema electrónico. Y ese contrato se ha convertido en el ojo del
huracán de todas las críticas.
Un contrato a la medida de Futuver Consulting
Los
registradores con los que ha hablado este periódico coinciden en
interpretar todos los cambios preparados por el Ministerio de Justicia
como una maniobra para adjudicar el sistema informático integrado a una
empresa muy concreta: Futuver Consulting.
Empresa
asturiana cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira, Futuver se
dedica desde 1997 a la “modernización de la Administración pública y
los registros públicos de la Propiedad”. Tiene su sede madrileña en el
mismo edificio propiedad de IICRE –una empresa del Colegio de
Registradores–, donde están situados los registros mercantiles y de la
propiedad de la capital. Su aplicación Futureg funciona en una buena
parte de los registros de España. Además, fue elegida por el Colegio de
Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, para acabar
con el atasco que sufrían los expedientes de nacionalidad. También ha
informatizado los registros de México DF y Panamá.
Hace
dos semanas, CCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al
director general del Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del
proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por
haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos”
vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son
registradores: el primero, de la propiedad en Lleida y el segundo,
mercantil en Zaragoza. Angulo, además, era administrador solidario de
Futuver Rumania SRL –que fue filial de Futuver Consulting SL–, cuando
resultó designado para trabajar en la Dirección General del Notariado
del Ministerio de Justicia.
El sindicato reproduce la información que reveló el pasado mes de julio el diario digital 20minutos.es,
según la cual el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a
Futuver por la aplicación, que pretendía resolver un atasco de casi
medio millón de expedientes sin tramitar. Tras la publicación, Javier
Angulo envió una carta al Colegio para que éste rectificara el relato
del digital. En ella, el registrador de Lleida niega haber simultaneado
su cargo en Futuver Rumania y su puesto en la Dirección General de
Registros. Dice que no le nombró su responsable y que allí trabaja en
comisión de servicios. También asegura que su trabajo se limita a
“proponer medidas para modernizar los registros”. Y que Futuver Rumanía
ya no es filial de Futuver Consulting: “Sólo ostentó una participación
minoritaria en su constitución”. Además rebaja el precio de la
aplicación hasta los 600.000 euros.
Informe a favor de Futuver
Según
los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Javier Angulo fue
el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de
Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para
gestionar el Registro Electrónico. El documento data de noviembre de
2011, cuando el Ejecutivo del PSOE ya había aprobado la creación de ese
registro electrónico y el PP aún no había llegado al Gobierno. Entonces,
según asegura el propio Angulo en su carta de rectificación al Colegio,
únicamente era administrador de Futuver Rumanía, una empresa que “sólo
se dedica desde su constitución a proyectos en materia de turismo y
energías renovables” y que, dice, no tenía relación accionarial con
Futuver Consulting. El actual administrador de Futuver Rumanía es
Antonio Otero, el consejero delegado de Futuver Consulting.
Las
fuentes consultadas apuntan que el informe lo presentó Javier Angulo
como registrador de Estepona (Málaga). Durante años ha ocupado cargos
relacionados con la informática y trabajado en proyectos tecnológicos
para el Colegio Oficial. “No hay otra empresa que disponga de una
solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga
de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de
ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalca en
el documento. “Para tomar decisiones sobre este asunto no tiene sentido
encargar un análisis a una gran empresa tipo Price & Waterhouse
[sic], Ernst & Young, Deloitte, Indra, Corte Inglés, etcétera. No
tienen experiencia sobre lo nuestro”, abunda.
“En
conclusión, antes, más tarde, después y ahora, he defendido que la
solución en España pasa por Futuver, pero desde el momento en que he
conocido internamente cómo se trabaja y me he hecho una idea clara de
las posibilidades que un acuerdo estratégico global entre el Colegio y
Futuver significaría para ambos interlocutores, no puedo más que
insistir nuevamente en que tenemos la solución a nuestro alcance para
dar un salto de gran magnitud para los Registros en España y fuera de
España”, concluye.
No se presentará al concurso pero se asociará al ganador
Javier
Angulo no ha contestado a las llamadas de infoLibre. Tampoco el Colegio
de Registradores ha querido responder, a la espera de lo que ocurra en
los próximos días y sujeto a la confidencialidad exigida en el concurso
sobre la adjudicación de la plataforma tecnológica. Por el contrario, un
portavoz de Futuver explica que la empresa ni se ha presentado ni se va
a presentar al concurso de Isdefe. “No tiene capacidad para un contrato
de tal volumen”, admite. Pero sí espera “asociarse o ser subcontratada”
por alguna de las “grandes compañías” que sí participarán en la
licitación, a fin de “ejecutar” el contrato. Casi lo que Javier Angulo
explicaba al Colegio de Registradores si elegía a una gran compañía de
consultoría o informática, que carecerá de la solución tecnológica
requerida: “Caso de ser adjudicatarios, se dirigirán a Futuver para
hacerse con su solución y, previo lavado de cara, la colocarán al
cliente, el Colegio, en el doble de precio que hayan pagado”.
Por
el breve plazo de tiempo que Justicia ha previsto para poner en marcha
el registro electrónico integrado, el portavoz de la empresa asturiana
mostró su seguridad en que la adjudicataria “recurrirá a Futuver porque
ya tiene el trabajo adelantado”. “Son la empresa con mayor
especialización en este campo”, destaca.
El
representante de Futuver atribuye lo que tacha de “intoxicaciones” a un
“intento de desprestigiar” a la empresa: “Hay muchos interesados
enfrentados para conseguir el concurso”, señala. También niega que
Futuver esté haciendo lobby para hacerse con el contrato. “Por su
especialización se la señala continuamente”, concluye.
Enrique Rajoy y Arbo
Los
últimos meses han sido agitados dentro del gremio de los registradores.
La mayoría se opone a las reformas y adivina oscuros intereses tras
ellas. Responsabiliza de la iniciativa a una minoría de sus colegas,
reunidos en la asociación Arbo y algunos aupados a la Dirección General
de los Registros. Dicen que nunca ha habido tantos registradores como
ahora ocupando cargos en el Ministerio de Justicia, pero les acusan de
haberse arrogado la representación de todos sus compañeros para lanzar
los “más duros ataques” que jamás ha sufrido el gremio. Además, ven el
hecho de que tanto el presidente del Gobierno como dos de sus hermanos
sean registradores, y de que el ya exministro Ruiz-Gallardón tenga, a su
vez, una nuera y un cuñado en el gremio, como un claro perjuicio para
la profesión. Ambos, Rajoy y Gallardón, han sido igualmente denunciados
por CCOO ante la Fiscalía General del Estado por no haberse inhibido en
el Consejo de Ministros que aprobó la reforma.
En
efecto, el hermano pequeño de Mariano Rajoy, Enrique, es registrador de
la Propiedad en Cáceres desde febrero de 2009. En 2005 ocupó el cargo
de secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral
(Cinder), una suerte de lobby internacional de los registradores. Creado
en 1972, tiene su sede en Madrid y su área original de influencia era
América Latina. Enrique Rajoy también ha sido director de Relaciones
Internacionales del Colegio.
Los registradores
consultados sitúan al hermano del presidente en el entorno de la
asociación que congrega a los defensores de la reforma. Éstos, a su vez,
acusan al Colegio Oficial de sostener una “táctica suicida”
enfrentándose al Gobierno. También le culpan de que, gracias a sus
continuas negativas al ministro, la cesión del Registro Civil sea
finalmente “gratis total” y de que se haya excluido al gremio del diseño
de la reforma integral. En su página web defienden a Javier Angulo, a
los hermanos de Rajoy y a los responsables de la Dirección General de
los Registros de las críticas vertidas en los últimos meses por sus
compañeros.
La próxima batalla la quieren dar
los opositores en los tribunales, impugnando todas las decisiones del
Gobierno, desde decretos hasta adjudicaciones. Para ello ya han creado
una nueva asociación, bautizada con el nombre de Francisco Cárdenas.
Mientras, las espadas siguen en alto en el Colegio de Registradores,
donde algunos ven incluso la amenaza de una moción de censura para
descabalgar a la actual junta de gobierno. Para conseguir apoyos
suficientes, éstos denuncian los intentos de la minoría de “captar
voluntades de los registradores más jóvenes”. Aún es una incógnita cuál
será la política del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, al
respecto. Tomará posesión esta misma semana.
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