COMUNICADO NÚM. 1 – LAS
TASAS JUDICIALES
* Con la excusa de la crisis
económica el Gobierno ha iniciado un duro ataque a los servicios
públicos caracterizado por la eliminación de puestos de trabajo,
por recortes salariales y de derechos laborales y por procesos de
privatización. Estos recortes se hacen además a espaldas de los
trabajadores e incumpliendo la obligación de la Administración de
negociar con los representantes sindicales todos aquellos aspectos
que afectan a las condiciones de trabajo. Los
recortes están afectando a todos los servicios públicos y a todas
las administraciones del estado, comunidades autónomas y entidades
locales, cuyos gobiernos de
todo signo político están haciendo un seguidismo acrítico de las
políticas del gobierno central inspiradas por los organismos
financieros internacionales.
* Las reformas que el
Ministerio de Justicia ha anunciado y que, si no lo remediamos, van a
comenzar su proceso de legislación en este otoño están enmarcadas
dentro de ese proceso de
recortes, reducción de empleados públicos y privatizaciones.
A nuestro entender, no hay en ellas ninguna
intención de mejorar la eficiencia del servicio público de la
Administración de Justicia.
Solo la reducción del gasto público, sin importar la merma en la
prestación del servicio a los ciudadanos con menos recursos
económicos, inspira estas reformas. Gallardón quiere poner en
marcha una serie de medidas en justicia, que igual que sus colegas
han hecho en educación, sanidad o servicios sociales, por ejemplo,
pretenden que el servicio
público de la administración de justicia deje de ser universal y
gratuito, que deje de estar prestado en parte por empleados públicos
y que, en definitiva, a través de dificultar el acceso a la justicia
de la mayoría de los ciudadanos, produzca una reducción en el
número de asuntos judiciales que permita reducir el número de
puestos de trabajo.
* El primer golpe ha sido la
aprobación de la Ley de
Tasas Judiciales. Las
astronómicas cantidades que se exigen a la mayoría de los
ciudadanos para interponer gran parte de reclamaciones en vía
judicial han hecho que se
reduzca de forma drástica el volumen de asuntos en los Juzgados y
Tribunales, especialmente en los del orden civil y contencioso
administrativo. Ya lo han
conseguido: hay menos
asuntos en los Juzgados y Tribunales a costa de impedir a gran
cantidad de ciudadanos el acceso a la tutela judicial efectiva y esto
puede permitir, está ya permitiendo, de hecho, la eliminación de
gran cantidad de puestos de trabajo;
en muchos territorios se está dejando de nombrar personal interino,
salvo en casos extremadamente urgentes y, sin duda, se
intentará revisar a la baja las plantillas.
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