Un nuevo clavo en la desconfianza en la Justicia
¿Qué lleva a un político a despreciar la opinión de absolutamente
todo el mundo y a seguir adelante con un proyecto que multitud de
expertos en el tema consideran no solo perjudicial, sino peligroso? ¿Qué
lleva al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a despreciar la
opinión de la oposición en pleno, del Consejo General del Poder
Judicial, de prácticamente todos los Colegios de Abogados de España y de
innumerables asociaciones del mundo del derecho que le han pedido que
reconsidere el proyecto de ley de tasas judiciales por temer que la
nueva normativa afecte irreparablemente a la capacidad de los ciudadanos
menos favorecidos a reclamar justicia?
Se diría que es un asunto grave, fundamental en un Estado
democrático, algo que merece reposo, debate y la clara intención de
lograr el mejor texto legislativo posible. Pero el ministro ha decidido
justo lo contrario. El proyecto de ley fue aprobado a toda prisa en la
Comisión de Justicia del Congreso, a la que de buenas a primeras se
concedió capacidad legislativa plena, sin pasar por el pleno, y se
encuentra ya en el Senado. En pocas semanas entrará en vigor. La nueva
ley, una ley que afecta al importantísimo derecho de los ciudadanos a
pedir justicia y a combatir las decisiones incorrectas de las
administraciones, ha sido aprobada en una sala semivacía del Congreso
porque los diputados de todos los grupos de oposición se marcharon de
sus escaños, expresando así su enojo por lo que consideran el desprecio a
los usos parlamentarios.
¿Se pueden aprobar leyes de tal calado sin sosiego, sin calma, sin
debate? Si de lo que se trata, según el ministerio, no es de recaudar
más impuestos, sino de hacer frente al problema de un exceso de
litigiosidad, es decir, de un recurso excesivo a los tribunales, salta a
la vista que es un tema muy delicado y que es importante lograr un
equilibrio que permita atacar ese problema sin perjudicar un derecho
fundamental y sin crear, por activa o por pasiva, la impresión de que
existe una justicia a la que solo tienen acceso los ricos y poderosos.
Ya están suficientemente deterioradas las instituciones en este país,
como para que la arrogancia de un ministro apresurado sume una nueva
sospecha.
Pero así va a ser, porque Ruiz-Gallardón no ha dado su brazo a torcer
y ha preferido la velocidad a cualquier otro argumento. La nueva ley de
tasas judiciales nace, no bajo la desconfianza de los ciudadanos de a
pie, sino bajo la clara consideración de norma abusiva por parte de
muchos de quienes la tienen que aplicar. “Esta ley es uno de los
recortes de los derechos ciudadanos más graves de la democracia”, clamó,
por ejemplo, el presidente del Consejo de la Abogacía Gallega.
¿Realmente cree el ministro que merece la pena imponer así su
criterio? ¿Cómo cree que van a reaccionar los ciudadanos al saber que se
imponen tasas judiciales, por primera vez, en la jurisdicción social,
de manera que recurrir un despido puede costar ahora más de 500 euros y
que ese medidas se le han ocurrido al Gobierno justo en el momento en
que hay más personas que nunca, centenares de miles, expulsadas de sus
trabajos? ¿Y que entre los eximidos de pagar las nuevas tasas están los
deudores, es de suponer que los bancos o entidades financieras que
reclamen préstamos o créditos no abonados?
El ministro asegura que el sistema judicial está colapsado y que en
España existe un índice de litigiosidad superior a la media europea. Es
cierto. Y seguramente hay que reformar el sistema para aliviar ese
problema. La cuestión es cómo. ¿De la forma brutal que propone la ley?
¿O de la que defienden desde hace tiempo expertos de medio mundo para
quienes los incrementos de tasas tienen que tener en cuenta que no son
lo mismo los ciudadanos de a pie que reclaman, equivocadamente o no, su
derecho a la justicia, que las grandes empresas, que son realmente las
principales usuarias del sistema judicial? El informe elaborado por el
CGPJ (e ignorado por el ministro) explica que el primer objetivo de la
nueva ley de tasas es claramente “reforzar la financiación de la
justicia” y, solo de manera secundaria, reducir la litigiosidad. Para
eso lo que hay que establecer es un sistema de solución extrajudicial de
conflictos, con procedimientos como la conciliación o la transacción.
Pero de eso no se habla en la ley.
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