Infolibre.- Un lector desprevenido que haya ojeado estas últimas semanas los periódicos de Madrid habrá creído que durante dos décadas ha existido una corrupta red sindical destinada a quedarse con los dineros de la formación.
Esa red, liderada por la UGT, haría cosas tan malvadas como impartir
cursos de “Corte y cata de jamón serrano” para trabajadores de
hostelería o de “Arreglos florales” para los de comercio; ofertarlos
gratuitamente a través de sus propios centros de formación acreditados y
dedicar a su preparación, difusión, evaluación y gestión un 19% del
presupuesto de los planes de formación, a pesar de que, en 2011, estaba
permitido facturar un 20% por ese concepto.
01-12-2013 - Como
tapadera, esos sindicalistas habrían constituido la Fundación
Tripartita, en cuyo patronato están presentes, junto a CCOO y UGT, la
Confederación Intersindical Galega, CEOE, CEPYME y el Gobierno, con voto
de calidad. Y logrado, mediante una perversa creación llamada
negociación colectiva, que más de cien organizaciones empresariales –de
ASAJA a CONFEMETAL y de la CNC a la CECAP– firmaran Acuerdos Sectoriales
de Formación y constituyeran “Comisiones Paritarias” para analizar las
necesidades de cualificación de su ámbito. Es más, en el colmo de la
audacia, la red habría conseguido que esas mismas patronales y otras
entidades, solicitaran y recibieran subvenciones por un importe superior al que los propios sindicatos recibían.
Si
el mismo lector, desocupado, hubiera consultado la normativa, los
presupuestos y los beneficiarios de la formación para el empleo,
advertiría que esos medios de comunicación desconocen o evitan mencionar algunos datos que no encajan con la tesis de la trama sindical.
Para empezar, exageran enormemente el importe de las subvenciones que reciben CCOO y UGT para
hacer formación y, al mismo tiempo, ocultan que muchas otras
organizaciones y empresas también las reciben; de esa manera se quiere
trasladar al público la idea de que los fondos de formación son un
chiringuito sindical. Pero no es así. En 2012, CCOO gestionó el 3,06% y
UGT 3,18% del presupuesto de la Tripartita, que ascendía a 742 millones
de euros, mientras que por ejemplo los centros de formación privados,
obtuvieron un 6%, las organizaciones de economía social (COCETA,
CONFESAL…) y las de autónomos (ATA, CEAT, etc.) un 2% y CEOE, CEPYME y
otras patronales un 7%.
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CCOO exige al Ministro de Justicia una respuesta rápida y contundente de
abandono absoluto del proyecto de reforma integral de los registros y
le insta a consensuar una modificación de la Ley de Registro Civil
20/2011 para que éste permanezca como un servicio público de la
Administración de Justicia y prestado por personal de la Administración
de Justicia.
CCOO denuncia que esta ley representa el ataque frontal más severo, en
más de 35 años de democracia, contra derechos fundamentales como la
libertad de expresión y de manifestación, es un intento desesperado del
Gobierno de impedir y castigar las protestas democráticas de la
ciudadanía contra sus políticas que están arrasando el Estado del
Bienestar y los derechos sociales. 
