Hoy,
7 de mayo, Gallardón presentará estas gravísimas reformas en el
Congreso de los Diputados que atacan el centro de gravedad de la
Administración de Justicia como servicio público universal y
gratuito que debe garantizar los derechos y libertades,
convirtiéndola en un instrumento al servicio de los poderosos contra
el conjunto de la ciudadanía.
CCOO
acusa a Gallardón del desmantelamiento de la Administración de
Justicia con la desaparición de los Partidos Judiciales, de las
Audiencias Provinciales y de los Juzgados de Paz, con la encomienda
de los actos de comunicación y ejecución a los Procuradores y con
la adjudicación de la instrucción de los asuntos penales a las
Fiscalías, porque deja de ser una ocurrencia de la comisión de
expertos y pasa a formar parte de los proyectos del gobierno para
2013.
EL
PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS QUE EL GOBIERNO DEL PP HA REMITIDO LA
PASADA SEMANA A LA UNIÓN EUROPEA CONTEMPLA, PARA EL CUARTO TRIMESTRE
DE ESTE AÑO, LA ELABORACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL Y DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
ADEMÁS,
TAL Y COMO CCOO
INFORMÓ AYER, EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL VIERNES 3 DE MAYO, EL
MINISTRO GALLARDÓN (EL GRAN PRIVATIZADOR DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA)
HA INFORMADO DEL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL QUE CONVERTIRÁ A LOS PROCURADORES EN AGENTES DE LA AUTORIDAD
PRIVADOS Y AL SERVICIO DE LAS PARTES QUE PUEDAN COSTEÁRSELO.
Madrid,
7 de mayo de 2013
Los
documentos publicados hasta ahora son los proyectos de LOPJ y de Ley
de Enjuiciamiento Criminal, elaborados por una comisión
constitucional de expertos nombrada el pasado año por Gallardón, y
el Anteproyecto de Ley que modifica la LEC. Todos ellos se pueden
consultar en la web del Ministerio de Justicia.
¿QUÉ
PROPUESTAS PLANTEA EL GOBIERNO?
La
desaparición de los Juzgados de Paz, de todos los Partidos
Judiciales y de las Audiencias Provinciales.
La organización judicial del estado quedaría establecida con el
Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores
de Justicia y los Tribunales de Instancia, estos últimos para la
primera instancia en todos los órdenes jurisdiccionales y con
ámbito provincial (salvo en Madrid y Barcelona que podrán tener
ámbito inferior al provincial).
Se
potencia la función pública de los Procuradores
para que realicen actos de comunicación y de ejecución bajo la
dirección de los Secretarios.
La
atribución de la dirección de la investigación penal al
Ministerio FISCAL y Junto a ello, la modificación del Código Penal
que contendrá con casi total seguridad la ELIMINACIÓN de las
Faltas que pasarán a estar despenalizadas o a ser delitos.
¿CÓMO
AFECTARÁN ESTAS MEDIDAS A NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO?
La
nueva organización judicial supondrá que por debajo del ámbito
provincial no habrá ningún órgano judicial (salvo en Madrid y
Barcelona). La propuesta del comité de expertos no concreta si esto
significará que solo habrá sedes judiciales en las capitales de
provincia o también en alguna otra ciudad (como ocurre actualmente
con los Juzgados de lo Penal). Lo que es seguro es la desaparición
de todos los Juzgados de Paz y Agrupaciones, y de las sedes
judiciales que no sean las de las capitales de provincia y, quizá,
la de alguna otra gran ciudad.
Esto
significará, por una parte, el
traslado forzoso a las capitales de provincia o grandes ciudades (en
el mejor de los casos) de los miles de funcionarios destinados en los
Juzgados de Paz y en los Juzgados de partido que desaparecen.
Recordemos
que en una de las últimas modificaciones de la LOPJ, ya denunciada
por CCOO,
permite este traslado forzoso con cambio de residencia que se
confirma en la nueva propuesta donde desaparece
la garantía de destino en el mismo municipio.
El
segundo de los posibles efectos de esta nueva realidad organizativa
de la justicia que se plantea es el que afecta a la
destrucción masiva de puestos de trabajo.
La escasa o nula convocatoria de plazas de funcionarios de justicia
en las Ofertas de Empleo Público (que CCOO
tiene recurrida ante los tribunales de Justicia) ha propiciado la
existencia de un elevado porcentaje de empleo interino que, en la
actualidad, ronda el 25% del total de la plantilla a lo que hay que
sumar un número también importante de personal interino en plazas
de refuerzo que, en lugar de haberse consolidado en plantilla, se
mantienen como tales tras años y años de denuncia de esta situación
por parte de CCOO.
En total, podemos estar hablando de una cifra próxima a los 10.000
puestos de trabajo. Por ahora, el personal titular no puede ser
despedido por lo que los titulares afectados por traslados forzosos,
motivados por la desaparición de un gran número de órganos
judiciales, pasarán a ocupar plazas que actualmente ocupa el
personal interino. Es decir, el Gobierno central y los gobiernos
autonómicos con competencias tendrán la posibilidad de despedir
entre 0 y 10.000 interinos y, vistas las políticas de recortes que
se vienen planteando en todos los ámbitos, es fácil suponer que el
efecto de estas reformas sobre el empleo en la Admón. de Justicia va
a ser devastador. Menos
puestos de trabajo supondrán además, para quiénes mantengan el
suyo, menos posibilidades de promoción interna, de traslado en
concursos para obtener mejores plazas, de nombramientos de personal
interino y de posibilidades de acceso a través de las oposiciones.
Otro
aspecto importantísimo recogido en la propuesta de la comisión de
expertos es la nueva
consideración de los Procuradores como agentes de la autoridad,
dependientes de los secretarios y encargados de los actos de todos
los actos de comunicación y determinados actos de ejecución.
CCOO
ya denunció lo que recogía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil 1/2000 en la que se introdujo ya la posibilidad de que los
Procuradores realicen actos de comunicación (reforma
operada en el año 2009, y ya entonces CCOO
advirtió que con esa reforma se abría la puerta a la privatización
del servicio público de la justicia);
se
trata de que esto sea la norma general para todos los actos de
comunicación y determinados actos de ejecución.
Esta propuesta, por sí misma, pone
sobre la mesa la desaparición de los servicios comunes de actos de
notificación y embargos y, también, la posibilidad de reducción
drástica de las plantillas del personal funcionario del Cuerpo de
auxilio judicial
que verían restringidas sensiblemente sus competencias. Una vez más,
planea el peligro de desaparición de más y más puestos de trabajo
y, además en este caso, puestos que conllevan incrementos
retributivos sobre las retribuciones complementarias ordinarias.
La
desaparición de las faltas (y, por tanto, de las guardias para
juicios de faltas inmediatos) y la asignación de los procedimientos
por delito a las Fiscalías afectará directamente a los bolsillos de
todo el personal funcionario destinado en los Juzgados de
Instrucción, de 1ª Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la
Mujer que en la actualidad realizan (y cobran por ello) cualquier
tipo de guardia.
Bien es cierto que la propuesta del comité de expertos plantea la
existencia de juzgados o tribunales de instancia de garantías (para
resolver sobre cuestiones planteadas en los procedimientos instruidos
en las fiscalías y que afecten a derechos fundamentales, como la
prisión preventiva, intervención telefónica, entrada y registro en
domicilios, etc.) en los que alguien tendrá que estar de guardia y
que el personal de la fiscalía tendrá que ampliarse en un número
importante de funcionarios pero, por ahora, no se ha concretado en
qué forma quedarán las guardias y, sin duda, el
objetivo de los gobiernos afectados no va a ser la calidad del
servicio público sino, simplemente, el ahorro del gasto sin tener en
cuenta, con toda seguridad, a las personas y familias que resulten
afectadas.
¿CUÁL
ES LA VALORACIÓN DE CCOO?
Junto
con la Ley de Tasas Judiciales (que ha reducido el número de asuntos
en todos los órdenes jurisdiccionales salvo el penal) y la entrega
(con mezcla de ideología y nepotismo) de los Registros Civiles a los
Registradores de la Propiedad se plantea con estas propuestas un
escenario laboral incierto y peligroso para el futuro de los
empleados públicos de la justicia.
Como
sindicato socio-político, CCOO
denuncia además el desmantelamiento que paulatinamente se está
llevando a cabo del servicio público de la justicia y la dificultad,
cada vez más manifiesta, que se quiere imponer a la ciudadanía para
el acceso al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
El copago a través de las tasas judiciales, de los actos del
Registro Civil y de las minutas a los Procuradores por hacer los
actos que ahora realizan de forma gratuita las funcionarias y los
funcionarios judiciales; el alejamiento de los Juzgados de la
ciudadanía con el cierre de cientos de sedes judiciales en las
localidades más pequeñas; la reducción del empleo público, y la
merma de los derechos retributivos y laborales de quienes los
desempeñan son la muestra de que también en la Administración de
Justicia, este gobierno favorece a los poderosos frente a las clases
populares, y de que está solo preocupado por desmantelar lo público,
obedeciendo de forma acrítica a los países del norte de Europa
olvidando a los ciudadanos y ciudadanas, a las familias que tanto
dice defender, a las empleadas y a los empleados públicos, a los
parados y a las paradas, y a todos los colectivos a los que están
abandonando a su suerte al albur de esta indecente e inaceptable
salida a la crisis económica que se está planteando.
CCOO
seguirÁ reivindicando al ministro de justicia medidas que
garanticen:
QUE
NO DESAPARECERÁ NINGÚN PUESTO DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA.
QUE
NO HABRÁ NUEVOS RECORTES EN LAS RETRIBUCIONES DE NINGÚN
FUNCIONARIO O FUNCIONARIA DE JUSTICIA.
QUE
SE ELIMINARÁ LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA FORZOSA.
LA
PARALIZACIÓN DE LOS PROYECTO QUE SUPONGAN LA PRIVATIZACIÓN DE
CUALQUIER SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SOLO CON LA UNIDAD DE
TODOS LOS SINDICATOS Y EL APOYO DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES DE
JUSTICIA PODREMOS PARAR ESTE DURÍSIMO ATENTADO A NUESTRAS
CONDICIONES DE TRABAJO Y CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA
LA
CONVOCATORIA DE MOVILIZACIONES SERÁ LA ÚNICA POSIBILIDAD QUE NOS
QUEDA PARA DAR UNA CONTUNDENTE RESPUESTA
¡¡ MOVILÍZATE CON
CCOO
!!
relacionada:
Ante la exigencia de CCOO para que el Ministerio de Justicia convoque
antes del lunes 24 de noviembre (fin del plazo de enmiendas en el Senado
a la LPGE 2015, que anunció ayer en su página) reunión sobre la Oferta
de Empleo, el Ministerio de Justicia se ha visto obligado a rectificar
su intención de hacerlo para el martes 25 de noviembre (cuando ya habría
pasado el plazo de presentación de enmiendas) y ha adelantado la
reunión, como le ha exigido CCOO, y ha convocado reunión para el viernes
21 de noviembre a las 10 horas.
