En su deriva autoritaria y neoconservadora, el gobierno del PP acaba de
anunciar, por medio de su ministro de Justicia, una nueva vuelta de
tuerca en su espiral de recortes, en este caso de derechos y libertades
(reforma del Código Penal para facilitar la imputación de sindicatos y
partidos), que se suma a los sociales y laborales que viene imponiendo.
Se trata, en ambos casos, de expresiones de un mismo diseño ideológico
conservador que, con la crisis como pretexto, pretende desmantelar los
servicios del Estado de Bienestar, desregular las relaciones laborales y
consolidar la desigualdad social, para lo que se requiere la
deslegitimación primero y la penalización después de quienes se le
enfrentan, especialmente de las organizaciones sindicales
