Según
se publicó ayer en determinados medios de comunicación, el Director
General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez
Hernández, Registrador Mercantil de Zaragoza y uno de los máximos
impulsores y responsables de la privatización del Registro Civil,
habría dimitido. A su dimisión, que posiblemente formalizará en
los próximos días, habría que sumar la del Subdirector General de
Registros, Javier Vallejo, Registrador de la Propiedad de Avilés, y
los registradores que estaban en comisión de servicio como letrados
de la DGRN a su servicio.
Los
motivos de la dimisión parecen claros:
tras la caída de Ruiz Gallardón, y el informe negativo del Consejo
de Estado al anteproyecto de Real Decreto por el que se creaba la
Corporación de Derecho Público establecida en la Disposición
Adicional 23 del Real Decreto Ley 8/2014, que se iba a encargar de
gestionar la contratación del sistema informático único
y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro
Civil y su red de comunicaciones y su posterior gestión,
mantenimiento, conservación y actualización, el
nuevo Ministro de Justicia decide incumplir lo dispuesto en el citado
Real Decreto Ley, hoy Ley 18/2014, y anuncia que no se va a crear la
citada Corporación.