Desde
que comenzó la mal llamada “crisis”, los empleados públicos
hemos sido el blanco perfecto para que los diferentes gobiernos
(tanto centrales como autonómicos) hayan repercutido sobre nuestros
derechos laborales y retributivos las medidas más contundentes para
paliar de manera rápida y a golpe de RD sus nefastas políticas de
reducción implacable del déficit público basadas exclusivamente en
medidas de austeridad y de recorte de derechos, impuestas también
desde la U.E, la Troika y el gobierno alemán.
Así,
desde mayo del 2010, los recortes sobre los derechos de los empleados
públicos se suceden, agravándose sustancialmente en julio del 2012
con la aprobación del RD 20/2012, el proyecto de PGE para 2013 así
como todos los proyectos de reforma que el ministro de Justicia
pretende implantar en la Administración de Justicia: