
El viernes, 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de
Ley de Jurisdicción Voluntaria que desjudicializa cientos de
procedimientos cuya tramitación atribuye a notarios y registradores de
la propiedad y mercantiles, lo que significa, como CCOO viene
denunciando desde hace meses, un paso más para el desmantelamiento de la
Administración de Justicia.
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